La seguridad ciudadana en el ámbito de las competencias asumidas por el País Vasco corresponde a la Ertzaintza. Pretender responsabilizar a los cuerpos estatales del aumento de la delincuencia supone falsear el reparto de competencias y buscar fuera la explicación de unas carencias cuya responsabilidad política tiene nombre y despacho.
Hay declaraciones que no deberían pasar inadvertidas, especialmente cuando proceden de quien ocupa la máxima responsabilidad política en materia de seguridad de una comunidad autónoma.
Las palabras del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, cuestionando la presencia y la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el País Vasco no son una simple opinión sobre el modelo policial. Son algo más grave: introducen la sospecha sobre dos instituciones que siguen ejerciendo legal y excrupulosamente sus competencias, intentando desplazar hacia ellas un problema y un debate sobre la seguridad ciudadana que, sencillamente, no les corresponde resolver. Y conviene decirlo con claridad.
Si la preocupación para el consejero es el aumento de la delincuencia y el deterioro de la seguridad ciudadana en el País Vasco, no tiene ningún sentido político, jurídico ni operativo señalar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. No son ellas quienes tienen atribuida la responsabilidad ordinaria de la seguridad ciudadana en el marco competencial vasco. La tiene la Ertzaintza, bajo la dirección política del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, es su reponsabilidad, y así lo establece la propia legislación vasca, que el consejero parece olvidar.
El artículo 6 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco señala que el departamento competente del Gobierno Vasco es el responsable de la política de seguridad ciudadana de la Comunidad Autónoma y ejerce la jefatura y superior dirección de la Ertzaintza. El artículo 45 atribuye a la Policía Autónoma Vasca la misión esencial de proteger a las personas y los bienes y velar por la seguridad ciudadana en todo el territorio del País Vasco, dentro del marco de las competencias asumidas.
Por tanto, no estamos ante una interpretación de quien redacta este editorial, estamos ante la ley, y la ley no puede cambiar según convenga al discurso político del día.
El punto de partida de cualquier debate honesto, incluso de cualquier debate político, debería ser no culpar a quien no tiene competencias para resolver el problema .
Si aumentan los delitos que afectan a la seguridad ciudadana ordinaria, si existen problemas de convivencia, si determinadas zonas registran una mayor sensación de inseguridad, si crece la preocupación de los ciudadanos o si las políticas preventivas no ofrecen los resultados esperados, la primera responsabilidad política debe buscarse allí donde reside la competencia para gestionar esa seguridad. Y en el País Vasco, dentro del marco competencial propio de la Comunidad Autónoma, esa responsabilidad corresponde al Gobierno Vasco y a la Ertzaintza.
Las policías locales, naturalmente, desempeñan también sus funciones en sus respectivos municipios. Pero la responsabilidad de la política autonómica de seguridad ciudadana y la dirección de la Policía Autónoma corresponden al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y sí también al consejero Bingen Zupiria.
Por eso resulta difícil entender que, ante un debate sobre los resultados de la seguridad, se vuelva la mirada hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional, que no tienen ninguna responsabilidad en una competencia que no dirigen ni gestionan, en cuanto a la política autonómica de seguridad ciudadana.
Pretender presentar su presencia o falta de ella (es la inconguencia política) como explicación de los problemas de inseguridad constituye un despropósito político. Más aún: si se hace para evitar hablar de las propias carencias, estamos ante una maniobra todavía más perversa. Porque no se busca resolver el problema. Se busca encontrar a alguien a quien culpar.
Y, una vez más, los candidatos elegidos son los mismos de siempre: la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El Estatuto de Autonomía lo dejó claro desde el principio
El actual sistema no nació ayer ni es fruto de una improvisación.
El artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuyó a las instituciones vascas el régimen de su Policía Autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo. Pero ese mismo artículo reservó expresamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario.
Entre ellos figuran, la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras; las aduanas; el control de entrada y salida del territorio nacional; el régimen general de extranjería; la extradición y expulsión; la emigración e inmigración; los pasaportes y el DNI; las armas y explosivos; el resguardo fiscal; el contrabando y el fraude fiscal al Estado.
Es decir, el modelo vasco de seguridad se construyó desde el principio sobre una idea muy sencilla: La Ertzaintza asumiría las competencias correspondientes a la Policía Autónoma. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conservarían aquellas competencias que el Estatuto reserva al Estado.
No hay dudas, no hay misterio, no hay invasión competencial, no hay una presencia caprichosa, lo único que hay es un reparto legal de funciones. Y quien pretenda alterar ese hecho mediante declaraciones políticas debería primero que enfrentarse a la realidad jurídica, para entender la realidad policial en el País Vasco que el propio Ejecutivo autonómico gestionó.
La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tampoco deja lugar a relatos interesados
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, regula el marco general de las policías autonómicas y establece las distintas categorías de funciones que pueden ejercer las Comunidades Autónomas a través de sus propios cuerpos policiales: funciones propias, funciones desarrolladas en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras de prestación simultánea.
En el caso del País Vasco existe, además, una singularidad fundamental: su régimen policial se articula específicamente a partir del artículo 17 del Estatuto de Autonomía. El propio Tribunal Constitucional ha recordado que, en el caso vasco, la delimitación debe atender precisamente a ese marco estatutario y a la distribución de funciones derivada del mismo, por tanto, conviene acabar con una idea que algunos parecen querer instalar.
Que la Ertzaintza tenga atribuidas las funciones de seguridad ciudadana no significa que la Guardia Civil y la Policía Nacional hayan desaparecido jurídicamente del País Vasco.
Ni significa que deban quedarse de brazos cruzados para ejercer su trabajo, ni significa que tengan que pedir permiso para ejercer las competencias que la ley y el Estatuto siguen atribuyendo al Estado.
Los acuerdos de delimitación de funciones tampoco borraron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
El artículo 17 del Estatuto de Autonomía creó la Junta de Seguridad del País Vasco como órgano de coordinación entre la Policía Autónoma y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A lo largo del desarrollo del sistema se alcanzaron acuerdos de delimitación de servicios, especialmente en 1989 y 1995, destinados precisamente a determinar qué cuerpo debía atender una incidencia en función de su naturaleza y del lugar en que se produjera, así como los supuestos de coordinación y cooperación. El propio sistema vasco de seguridad sigue reconociendo esos acuerdos como referencia en la distribución funcional.
Por tanto, resulta cuando menos sorprendente escuchar al consejero de seguridad del País Vasco, que la Guardia Civil o la Policía Nacional pretenden «alterar el sistema vasco de seguridad» por ejercer las competencias que ese mismo sistema, basado en el Estatuto, la legislación estatal y los acuerdos de delimitación, les reconoce.
El consejero vasco parece confundir «alterar el sistema» con algo mucho más simple: que los cuerpos estatales sigan existiendo y trabajando en el País Vasco
Sí, siguen existiendo, siguen trabajando y sí, seguirán ejerciendo las competencias que legalmente les correspondan.
La Guardia Civil no sobra en Euskadi
La Guardia Civil sigue desempeñando en el País Vasco funciones esenciales que no han desaparecido porque exista una Policía Autónoma.
Sus hombres y mujeres continúan trabajando, entre otros ámbitos, en materias relacionadas con armas y explosivos, resguardo fiscal, contrabando, fronteras, costas, medio ambiente y otras competencias legalmente atribuidas, además de aquellas investigaciones y actuaciones que procedan dentro de su ámbito funcional.
Y lo hacen, como siempre han hecho, muchas veces lejos de los focos. Intervienen armas. Investigan organizaciones criminales. Combaten el narcotráfico y el contrabando. Protegen el medio ambiente. Actúan contra delitos que afectan al patrimonio natural. Desarrollan funciones de policía judicial cuando corresponde. Trabajan en seguridad marítima y fiscal. Atienden requerimientos judiciales. Y prestan innumerables servicios que no se miden por el ruido político que generan, sino por su utilidad para la sociedad.
Decir o insinuar que hay «demasiados» guardias civiles porque existe la Ertzaintza es desconocer —o querer ignorar— que sus funciones no son las mismas.
La Guardia Civil no está en el País Vasco para sustituir a la Ertzaintza.
Tampoco sobra la Policía Nacional
Lo mismo cabe decir de la Policía Nacional. Sus competencias en documentación, extranjería, inmigración, control fronterizo y otras materias de carácter estatal continúan existiendo y continúan siendo necesarias. El Estatuto vasco reserva expresamente al Estado una parte esencial de estos servicios.
Además, la Policía Nacional sigue desarrollando investigaciones y actuaciones en el ámbito de sus competencias, colaborando con las autoridades judiciales y con otros cuerpos policiales cuando la naturaleza de los hechos así lo requiere.
Su presencia no es una concesión, ni una anomalía, no es una provocación, simplemente es la consecuencia del ordenamiento jurídico español. Y si alguien considera que ese ordenamiento debe modificarse, tiene los mecanismos democráticos y parlamentarios para plantearlo. Lo que no resulta aceptable es cuestionar la legitimidad de los agentes por cumplir las funciones que la ley les atribuye.
Sobran cuando actúan y faltan cuando se les necesita
Las declaraciones del Zupiria ademas adolecen de una contradicción manifiesta que resulta difícil de explicar. El consejero cuestiona la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en el Pais Vasco, sugiere que existen más efectivos de los necesarios, acusa a los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil de querer alterar el sistema policial en la comunidad autónoma, pero, al mismo tiempo, reclama una mayor implicación de esos mismos cuerpos en la seguridad
Y aquí parte la pregunta, ¿Sobran o faltan. Deben estar o deben irse. Deben actuar más allá de sus propias competencias o limitarse a observar? No parece muy serio por parte del cosejero decirle a un cuerpo policial que sobra y, al mismo tiempo, reprocharle que no haga más. La seguridad no puede gestionarse por personas que mantienen ese criterio. Los policías no son una pieza decorativa que se guarda en un cajón cuando resulta incómoda y se saca cuando hace falta resolver un problema.
La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen unas competencias, la Ertzaintza tiene otras y cada cuerpo policial debe asumir y responsabilizarse de las suyas. Además todos tienen la obligación de coordinarse cuando la situación lo exige. Eso es lo que establecen el Estatuto, la legislación y los mecanismos de cooperación. Nunca culpar de sus propias carencias a un tercero.
Si hay un problema de seguridad, habrá que mirar donde está la responsabilidad
Esta es, probablemente, la cuestión central de todo este debate. Si se habla del deterioro de la seguridad ciudadana en Euskadi, el debate no puede comenzar señalando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
No porque haya que protegerlas de la crítica. Sino porque la crítica debe dirigirse a quien tiene capacidad para responder por aquello que se critica. Si falla una competencia estatal, habrá que exigir responsabilidades al Estado. Si falla una competencia autonómica, habrá que exigir responsabilidades a la Administración autonómica y en este caso probablemente al consejero vasco de seguridad. Es un principio elemental.
Por eso, cuando se pretende relacionar el aumento de la delincuencia con la presencia de los cuerpos estatales, se está invirtiendo la realidad. Los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no diseñan la política vasca de seguridad ciudadana. No dirigen la Ertzaintza. No establecen sus planes operativos. No deciden su despliegue operativo. No gestionan los recursos de la Policía Autónoma. No son responsables políticos de sus resultados.
Esa responsabilidad corresponde a quienes tienen la competencia y la dirección. Y pretender trasladarla a otros cuerpos policiales es, sencillamente, faltar a la verdad sobre cómo está organizado el sistema de seguridad en el País Vasco.
No se resuelven las carencias buscando enemigos
La política tiene una tentación muy antigua: cuando los resultados son incómodos, buscar un adversario externo. En este caso, el recurso resulta especialmente fácil. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen una larga historia en el País Vasco. Han sido objetivo del terrorismo. Sus agentes y sus familias han sufrido décadas de amenazas, atentados y asesinatos. Muchos pagaron con su vida el servicio a España y a los ciudadanos, incluidos los ciudadanos vascos.
Por eso resulta particularmente injusto que, después de todo lo vivido, se pretenda presentar su presencia como una especie de problema añadido. No lo son. Nunca lo fueron.
Quienes hoy visten esos uniformes no son responsables de los debates políticos de otros. Son profesionales que cumplen órdenes legales, sirven a los ciudadanos y desarrollan las funciones que tienen atribuidas.
Una Ertzaintza fuerte no exige una Guardia Civil o una Policía Nacional débiles
No se trata de azuzar un enfrentamiento entre policías. Sería absurdo.
Una Ertzaintza profesional, eficaz y dotada de medios es una buena noticia para el País Vasco, una Guardia Civil profesional, eficaz y plenamente operativa en sus competencias también lo es, y una Policía Nacional capaz de desarrollar con eficacia las funciones estatales que tiene atribuidas es igualmente necesaria. No hay incompatibilidad alguna.
La incompatibilidad aparece cuando la política intenta enfrentar a quienes, en la calle, en las investigaciones y ante las emergencias, deberían —y generalmente saben— cooperar. Los delincuentes no respetan fronteras competenciales. Los policías tampoco deberían convertirse en víctimas de ellas.
Menos excusas y más responsabilidad
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco tiene derecho a defender su modelo policial. Pero lo que no debería hacer nunca es construir esa defensa cuestionando la legitimidad de otros cuerpos policiales que trabajan en el País Vasco que trabajan amparados por la ley. Mucho menos utilizar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como explicación indirecta de unos problemas de seguridad ciudadana cuya responsabilidad política y competencial no recae sobre ellas.
Basta ya de buscar en la Guardia Civil y en la Policía Nacional un enemigo político cada vez que resulta incómodo hablar de las propias carencias o de unos resultados que politicamente no se pueden defender, porque la seguridad ciudadana no mejora señalando a quien no tiene atribuida esa responsabilidad.
Mejora asumiendo las competencias, reconociendo los problemas, corrigiendo los errores, pero sobre todo dejando trabajar a todos los cuerpos policiales en aquello que legalmente les corresponde.
Porque en el País Vasco, como en cualquier parte de España, la Guardia Civil y la Policía Nacional no están para estorbar a nadie. Están para cumplir y hacer cumplir la ley, para ejercer sus competencias, para colaborar cuando sea necesario, y para seguir protegiendo a los ciudadanos.
Culparlas de la inseguridad ciudadana cuando no son las responsables de dirigir esa competencia no es una crítica legítima: es un relato político que se estrella contra la realidad, la ley y contra los hechos.
Y quizá esa sea la parte más incómoda para quienes prefieren buscar culpables fuera antes que asumir sus propias responsabilidades.
Antonio Mancera Cárdenas
Director
