Editorial | Tribuna Benemérita
Hay una realidad que ya no admite más aplazamientos: la Guardia Civil necesita más agentes. Una oferta de 3.240 plazas de ingreso directo no soluciona el deficit de más de 15.000 agentes que viene arrastrando la Guardia Civil.
Se necesitan los agentes para proteger a los ciudadanos, para garantizar la seguridad en nuestros pueblos y carreteras, para vigilar nuestras fronteras, para combatir el narcotráfico, para atender emergencias y para mantener esa presencia territorial que continúa siendo imprescindible en buena parte de España. Sin embargo, la respuesta para la Guardia Civil vuelve a quedarse corta.
El Gobierno ha aprobado para 2026 una oferta de 3.240 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, dentro de una oferta global que Interior presenta como la mayor para las Fuerzas de Seguridad en los últimos quince años. Es una cifra importante. Pero también obliga a formular una pregunta incómoda: ¿Es suficiente?
No con 3.240 plazas no se corrige un déficit de miles de agentes acumulado durante años más de 15 años.
Y mucho menos cuando, al mismo tiempo, la Institución afronta estos últimos años una etapa especialmente delicada por la salida progresiva de miles de profesionales que ingresaron en la Guardia Civil durante finales de los años setenta y, especialmente, durante la década de los ochenta.
La falta de efectivos no es consecuencia de una circunstancia puntual. Es el resultado de años en los que las necesidades de personal no han evolucionado al mismo ritmo que las misiones encomendadas a la Guardia Civil. Y existe un factor que ahora empieza a hacerse todavía más evidente: el relevo generacional.
Durante finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta se produjeron incorporaciones muy numerosas, ya que se llegaban a convocar dos promociones de acceso cada año, permitiendo que miles de jóvenes se incorporaran simultáneamente al Instituto Armado.
Aquellas promociones sostuvieron durante décadas una parte fundamental del despliegue de la Guardia Civil. Hoy muchos de aquellos guardias civiles están alcanzando la edad de jubilación. Y cuando se marchan, no basta con sustituirlos uno por uno. Porque las necesidades de seguridad de España ya no son las mismas que cuando aquellos agentes ingresaron.
El problema es que salen muchos agentes mientras entran demasiados pocos para recuperar el déficit acumulado durante años y afrontar, además, las nuevas necesidades.
La situación debería obligar a realizar una planificación de personal a largo plazo. No basta con anunciar cada año un determinado número de plazas.
Hay que preguntarse cuántos agentes se jubilarán. Cuántos serán necesarios para cubrir las vacantes existentes. Cuántos efectivos adicionales requiere la lucha contra el narcotráfico, la inmigración irregular, la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia. Cuántos hacen falta para garantizar patrullas suficientes en las zonas rurales.
Y sobre todo cuántos necesita la Guardia Civil para mantener una presencia efectiva en localidades, caminos, carreteras, fronteras y costas.
Porque reponer bajas no significa reforzar una plantilla. Y sustituir jubilaciones tampoco significa recuperar los efectivos que se han perdido durante años.
3.240 plazas: necesarias, pero insuficientes. No se trata de cuestionar la necesidad de las 3.240 plazas anunciadas para este año. La cuestión es otra.
¿Cuántas plazas necesita realmente la Guardia Civil?
Si las asociaciones profesionales sitúan el déficit en torno a los 17.000 agentes, una incorporación de 3.240 personas no puede presentarse como la solución definitiva. Además, esas 3.240 plazas no se traducen automáticamente en 3.240 agentes disponibles para patrullar.
Entre el ingreso y la plena disponibilidad operativa existe un proceso de formación. Al mismo tiempo, durante ese periodo continúan produciéndose jubilaciones, bajas y otras salidas. La ecuación, por tanto, es sencilla.
Si entran agentes, pero también salen, y además existe un déficit acumulado de miles de efectivos, la plantilla puede seguir estando por debajo de las necesidades, aunque cada año se anuncien miles de plazas. Es una cuestión matemática antes que política.
Y mientras se discuten las cifras, el servicio continúa.
La Guardia Civil sigue siendo responsable de una parte esencial de la seguridad en España. Protege nuestros pueblos. Vigila nuestras carreteras. Custodia nuestras fronteras. Combate el narcotráfico. Investiga organizaciones criminales. Rescata personas. Persigue delitos medioambientales. Actúa frente a la ciberdelincuencia.
Y atiende cada día miles de situaciones que rara vez llegan a los titulares.
Todo ello mientras, en numerosos destinos, las patrullas tienen que asumir cada vez más territorio y más carga de trabajo. La consecuencia es inevitable.
Cuando faltan agentes, los que están tienen que hacer más. Más kilómetros. Más servicios. Más horas. Más intervenciones. Más responsabilidades. La Guardia Civil sigue funcionando, si pero funciona al límite.
Y aquí conviene reconocer algo que no debería pasar desapercibido. La Guardia Civil continúa prestando servicio. Y lo hace de manera ejemplar.
Lo hace gracias a la profesionalidad, preparación y vocación de servicio de sus agentes.
Los guardias civiles no dejan de patrullar porque falten efectivos. No dejan de atender una emergencia porque tengan exceso de trabajo. No dejan de acudir cuando un ciudadano necesita ayuda. Hacen lo que siempre han hecho: cumplir con su deber.
Pero no podemos convertir esa capacidad de sacrificio en la solución permanente a una carencia estructural. La vocación de servicio no puede sustituir a los efectivos.
La profesionalidad no puede crear patrullas donde no hay agentes. Y el compromiso de los guardias civiles no puede utilizarse para ocultar durante años las consecuencias de una plantilla insuficiente.
Cuando una unidad trabaja con menos efectivos, los primeros en sufrir las consecuencias son sus propios integrantes. Pero después llega el ciudadano.
Un servicio que tarda más. Una patrulla que tiene que recorrer una mayor distancia. Un puesto que dispone de menos personal. Una investigación que necesita más tiempo. Una carretera que no puede vigilarse con la intensidad necesaria. Un municipio que pierde presencia policial. Eso se traduce también en déficit de seguridad para el ciudadano.
La Guardia Civil es, además, la Policía de referencia en miles de municipios españoles. Especialmente en la España rural, su presencia constituye uno de los principales elementos de prevención y respuesta frente a la delincuencia.
Reducir esa capacidad operativa tiene un coste que no siempre aparece en los presupuestos.
Durante años hemos escuchado hablar de refuerzos, modernización, nuevas plazas y mejoras. Pero el problema continúa.
Y cada año que pasa resulta más difícil solucionarlo porque el déficit acumulado se suma a la salida de las grandes promociones que ingresaron en la Institución hace cuatro décadas.
Por eso 3.240 plazas no pueden ser el punto de llegada. Deben ser, como mucho, parte de un plan mucho más ambicioso.
Un plan que tenga en cuenta las jubilaciones previstas, el déficit existente y las necesidades reales de cada especialidad y territorio.
Un plan plurianual que permita recuperar efectivos y no limitarse a cubrir las salidas.
Un plan que garantice que la Guardia Civil tenga suficientes agentes para cumplir todas las misiones que el Estado le encomienda.
Porque mientras aumenta el narcotráfico, aumenta la presión sobre las fronteras, se sofistican las organizaciones criminales y aparecen nuevas formas de delincuencia, no podemos permitir que la plantilla se quede atrás.
Los guardias civiles no están pidiendo trabajar menos. Están pidiendo poder trabajar en condiciones adecuadas.
No están pidiendo que se reduzcan sus responsabilidades. Están reclamando los medios humanos necesarios para afrontarlas.
Y eso debería ser entendido como una cuestión de Estado.
Porque garantizar la seguridad de los ciudadanos exige algo más que buenas intenciones. Exige efectivos. Exige planificación. Exige inversión. Y exige anticiparse a las jubilaciones que ya están previstas.
No podemos esperar a que miles de guardias civiles se jubilen para descubrir que no tenemos suficientes agentes para sustituirlos.
España necesita una Guardia Civil fuerte, moderna y suficientemente dotada. Y eso empieza por algo tan básico como tener suficientes guardias civiles.
Las 3.240 plazas anunciadas son necesarias. Pero no son suficientes.
No pueden resolver por sí solas un déficit acumulado durante años ni compensar la salida progresiva de las grandes promociones de los años setenta y ochenta. Mientras faltan agentes, sobran promesas. Mientras aumenta la carga de trabajo, disminuyen los efectivos.
Y mientras la Administración decide si la cifra es suficiente, los guardias civiles siguen saliendo cada día a trabajar y haciendo posible, con su esfuerzo y su vocación, que la seguridad siga funcionando.
Pero un Estado responsable no puede pedir indefinidamente a sus agentes que hagan más con menos.
Los guardias civiles ya están poniendo todo de su parte. Ahora le toca al Estado poner los agentes que hacen falta.
