Disparó los efectivos que habían pasado a la reserva y desveló 53 muertos que al principio no existían. Función Pública exigió explicaciones y el director de la Benemérita lo achacó a «errores de cálculo» e «interpretación»
La oferta de empleo público (OEP) de la Guardia Civil de 2023 ha tenido un diseño y aprobación plagados de irregularidades. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge para la Benemérita 2.520 plazas de nueva incorporación, pero para llegar a ello se ha producido en los meses previos un baile de cifras con personas que aparecen y desaparecen para justificar las necesidades de personal; bajas que se han inflado y modificado en dos ocasiones para poder disponer de más efectivos.
En marzo se empezó a fraguar la OEP de la Guardia Civil y se diseñó una primera propuesta para ser remitida a la Secretaría de Estado de Función Pública, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es quien debe autorizarlo. Para determinar cuántas nuevas incorporaciones de personal le corresponden a la Benemérita hay que acudir a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ahí se recoge que la Guardia Civil dispondrá de una tasa de reposición del 125%, lo cual significa que pueden cubrir un número de plazas igual a ese porcentaje respecto a los ceses que haya tenido en 2022.
La primera propuesta, según la memoria, recogía que el año pasado hubo 1.437 bajas en la Guardia Civil, lo que significa que aplicando la tasa de reposición el Cuerpo tenía 'derecho' a una OEP de 1.796 personas. Una cantidad que consideraron baja y por eso incluyeron 1.016 más de refuerzo extraordinario, para llegar a una cifra de 2.812 incorporaciones. Según fuentes consultadas, ese documento no llegó a Función Pública.
Se armó una segunda propuesta que ya sí se envió a Función Pública para ser autorizada. Se redujeron las plazas extraordinarias hasta las 916, con lo que la cifra final de OEP solicitada quedaba en 2.712 nuevas incorporaciones. La remisión la hacía un coronel de la Guardia Civil mediante un oficio, que es un documento cuyo fin es comunicar una actuación administrativa. Sin embargo, Función Pública negó a Interior el refuerzo extra de efectivos.
Vuelta a empezar, y por en medio hubo cambio de director general de la Benemérita; cargo que asumió Leonardo Marcos, que venía de Protección Civil y que debía sacar una nueva propuesta cuanto antes.
Ya entrados en julio, cambiaron todas las cifras en una tercera propuesta. En la memoria de las dos primeras, el número de ceses que tuvo la Guardia Civil en 2022 era de 1.437 personas; en el documento de la tercera, las bajas se habían incrementado sin ningún tipo de justificación hasta las 2.110. Es decir, se sumaron 637 bajas que nadie sabía cómo habían aparecido, y que daban 'derecho' al Instituto Armado a más personal sin necesidad de refuerzo extraordinario.
Del desglose, y comparando las tablas de bajas que hay en cada memoria, se desprende que la Guardia Civil incluyó 579 personas más que habían pasado a la reserva que al principio no estaban. Pero lo más llamativo es cómo cambió la cifra de muertos en las bajas reportadas. En las dos primeras memorias había 114 bajas por fallecimiento, mientras que en la tercera los muertos habían aumentado a 167. Asimismo, también habían cambiado las cifras en todos los demás conceptos de bajas (excedencias, pase a servicios especiales, etc.); ningún número cuadraba.
Con este dato de bajas, aplicando la tasa de reposición resultaba que la Guardia Civil tenía 'derecho' a 2.637 plazas de nuevo ingreso, muchas más que antes. Tras redactar los documentos y cambiar todas las cifras, llega el momento de iniciar la cadena de envíos hasta Función Pública. El coronel que firmaba las dos primeras propuestas ya no figuraba y fue el director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el que firmó el oficio remitiendo la OEP hacia los órganos del Ministerio del Interior. Después, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, emite otro oficio para remitirlo a la subsecretaría correspondiente en el ministerio. Y esa subsecretaría ya emite un último oficio para enviar todo a Función Pública.
El envío final se produce el 4 de julio por la mañana. Y el mismo día por la noche se fragua una cuarta propuesta. Vuelven a cambiar las cifras de bajas y esta vez se reportan 2.016, sin más explicación. Aplicando la tasa de reposición a este dato resulta en que la Guardia Civil tiene derecho a 2.520 plazas.
A las 20:23 horas del 4 de julio, el director de la Guardia Civil remite toda la documentación de nuevo al Secretario de Estado de Seguridad. Al día siguiente, este hace lo propio con la subsecretaría correspondiente en Interior y esta última lo comunica a Función Pública.
Función Pública exige explicaciones
Y nuevo giro de guion en la OEP de la Guardia Civil. Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se comunica a Interior que necesitan un certificado de las bajas que reportan para comprobar que son correctas; exigen una explicación tras haber cambiado todos los datos. De no tenerla, avisan de que la OEP no irá para adelante.
El 5 de julio a las 14:38 horas el director general de la Guardia Civil envía otro oficio con sus explicaciones; alega que cambian todas las cifras por «errores de cómputo debido a la interpretación de los criterios que se utilizan para conocer los datos que suministran las diversas fuentes que provocan las vacantes, y especialmente la reserva». Reconoce todos los cambios en los datos, pero los achaca a «errores de cómputo» y de «interpretación», incluidos los 53 fallecidos que aparecieron después.
Tras esto, las aguas se calmaron entre ambos ministerios y la oferta de empleo público salió sin trabas. Se dio luz verde a la OEP de Guardia Civil con 2.520 plazas para nuevo ingreso, tras haber modificado las cifras en una propuesta tras otra, con personal en reserva que aumenta sin explicación, muertos que se descubren meses después y personal en excedencia que aparece y desaparece, entre otros.
«Es Interior el que nos facilita el dato»
Función Pública afirma a ABC que «se ha elaborado la OEP como todos los años», y apunta: «Es el Ministerio del Interior el que nos facilita el dato de bajas computables». No contesta a si detectaron anomalías en las cifras referidas.
Interior declara estar «tremendamente orgulloso» de las OEP de los últimos cinco años con las que dicen haber revertido «los terribles recortes que el PP realizó».
Desde Guardia Civil dicen que la OEP «es la adecuada y se inscribe en una línea de actuación para seguir reforzando y mejorando los servicios públicos». Añaden que «el compromiso del Gobierno con la seguridad de los españoles se demuestra de forma palpable con la amplia OEP que se ha aprobado», y que se ha calculado aplicando la tasa de reposición a las «bajas computadas en 2022». Ni Interior ni Guardia Civil responden oficialmente sobre por qué han cambiado las bajas en sus propuestas.
