Un escándalo más que ofende la memoria de las víctimas, el Estado de Derecho y el sentido común de cualquier sociedad civilizada.
El exjefe militar y asesino de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, condenado a más de 400 años de prisión por múltiples atentados sangrientos, ha obtenido el régimen de semilibertad que otorga el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
De lunes a viernes podrá salir el asesino de la cárcel de Martutene para “trabajar” o hacer “voluntariado”, regresando solo a dormir. Un privilegio que, según las asociaciones de víctimas, no corresponde a quien nunca se ha arrepentimiento de sus crímenes, ni ha colaborado con la justicia, es más un cálculo político mezquino que pretende blanquear a la banda asesina y silenciar sus crímenes.
Txeroki no es un preso cualquiera. Fue el responsable militar de ETA durante años clave de su barbarie. Su historial acumula condenas por asesinatos, intentos de asesinato y estragos que suman más de 400 años.
Detenido en Francia en 2008 y trasladado a España en 2024, ahora disfruta de una medida “excepcional” que se ha convertido en rutina para decenas de etarras. El Gobierno vasco, con la consejera socialista María Jesús San José al frente de Justicia, lo ha concedido sin rubor. Y el juez de Vigilancia Penitenciaria ha dado su visto bueno, perpetuando un precedente demoledor: desde que el actual Gobierno cedió la competencia de prisiones al País Vasco en 2021, alrededor de 37 asesinos y terroristas de ETA se han beneficiado de esta fórmula, según datos facilitados por las propias víctimas.
Las víctimas lo llaman por su nombre: “amnistía encubierta”
La reacción de las asociaciones ha sido unánime, contundente y cargada de razón. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, lo resume con crudeza meridiana: “El artículo 100.2 está siendo un coladero”. No se aplica por buen comportamiento ni por colaboración con la Justicia, sino porque “es lo que ha exigido Bildu a Pedro Sánchez para que continúe en La Moncloa”. Y añade: “Esos votos que mantienen a Sánchez en La Moncloa son votos de sangre, que pasan por encima de las víctimas del terrorismo”. Mientras tanto, 376 asesinatos de ETA siguen sin resolverse. Muchos podrían esclarecerse si los asesinos decidieran hablar. Pero ¿para qué colaborar si la recompensa llega sin pedir nada a cambio?
Por su parte Covite, con su presidenta Consuelo Ordóñez al frente, habla directamente de “un nuevo fraude en la ejecución de las condenas” y de “amnistía encubierta incompatible con el derecho de las víctimas a la justicia y contraria al ordenamiento jurídico”. Ordóñez denuncia la opacidad del Gobierno vasco, que se niega a facilitar el número exacto y la identidad de los beneficiados.
Reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra la decisión y recuerda que el compromiso de transparencia adquirido en noviembre de 2025 no se está cumpliendo. “No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante”, afirma con toda la legitimidad moral que le da representar a quienes perdieron a sus seres queridos.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) coincide en calificar la medida como “un nuevo varapalo para las víctimas”. La legislación actual permite estos beneficios a terroristas como Txeroki o ‘Gadafi’ sin exigir “un verdadero arrepentimiento ni una colaboración real con la Justicia”. Las víctimas quedan desprotegidas, sin posibilidad efectiva de recurso en la fase de ejecución de condenas.
Este no es un debate técnico sobre grados penitenciarios. Es un caso flagrante de cómo el chantaje de EH Bildu —heredera política de ETA— está condicionando la política penitenciaria. Bildu ha convertido el “vaciar las cárceles” en exigencia prioritaria.
El Gobierno central cedió las prisiones al País Vasco y ahora el Ejecutivo autonómico (con participación socialista) aplica sistemáticamente un artículo pensado para casos excepcionales a etarras condenados por delitos de sangre. El resultado es previsible: una progresiva excarcelación encubierta sin que medie ni arrepentimiento público ni aportación de información sobre los crímenes pendientes.
La izquierda abertzale sigue tratando a estos asesinos como “presos políticos” y héroes en sus actos. No hay disociación real del terrorismo. Y, sin embargo, el Estado les concede cada vez más libertades. Esto no es reconciliación. Es humillación a las víctimas y erosiona la credibilidad de la justicia y de la propia democracia.
El artículo 100.2 no puede convertirse en una vía ordinaria de impunidad. Su uso masivo y sistemático con etarras desnaturaliza su propósito y genera una sensación de impunidad que duele especialmente a quienes perdieron a padres, hijos, hermanos o compañeros a manos de la banda terrorista.
Mientras Txeroki sale cada mañana de la prisión con gorra y capucha para ocultar su rostro, las víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación para los cientos de crímenes sin resolver.
Ni siquiera la Fiscalía de la Audiencia Nacional que podría recurrir esta decisión sin titubeos, lo hace. El Gobierno autonómicoo vasco sigue negando la transparencia total sobre los beneficiados por el 100.2. Y el Gobierno central sigue sin explicar públicamente por qué considera aceptable pagar con la dignidad de las víctimas el apoyo parlamentario de Bildu.
Tras la derrota de ETA no podemos permitir que esa victoria se convierta en derrota moral para las víctimas por conveniencia política.
Las víctimas no son un obstáculo para la “normalización”. Son la razón misma de que ETA fuera derrotada. Honrar su memoria no es opcional. Es una obligación ética y democrática.
Txeroki en semilibertad no es progreso. Es un retroceso democrático intolerable. Y la sociedad española, si aún conserva un mínimo de decencia, no debería tolerarlo.
Antonio Mancera Cárdenas
