Las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su respaldo unánime a la Unidad Central Operativa (UCO), una de las divisiones más prestigiosas del cuerpo, dedicada a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Este pronunciamiento, firmado por organizaciones como JUCIL, AUGC, APROGC, UniónGC, AEGC e IGC, surge en respuesta a lo que consideran "ataques furibundos" y maniobras políticas destinadas a desacreditar el trabajo de la UCO, especialmente tras las recientes investigaciones que han salpicado a figuras cercanas al Gobierno.
El comunicado, difundido el 27 de mayo, pone el foco en la labor del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, quien ha sido objeto de críticas y presuntas operaciones para comprometer su reputación. Una de las frases más controvertidas que ha desatado la indignación de las asociaciones es: "Si Balas está muerto, mejor", atribuida a Leire Díez Castro, una figura vinculada al PSOE, según revelaciones de El Confidencial. Las asociaciones consideran que estas declaraciones, junto con otros intentos de desprestigio, buscan "manchar la imagen" de una unidad de élite que lleva 37 años combatiendo la delincuencia más grave en España y en el ámbito internacional.
Un apoyo sin fisuras a la UCO
En el comunicado, las asociaciones destacan la "profesionalidad y rigor" de la UCO, subrayando su papel como pilar fundamental en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y los ciberdelitos. "La UCO representa una de las unidades más prestigiosas y eficaces en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; su independencia debe ser defendida sin ambigüedades", señala la Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).
Las asociaciones también han denunciado lo que perciben como una "purga sistemática" de altos mandos de la Guardia Civil desde la llegada del PSOE al poder en 2018. JUCIL, la asociación mayoritaria, ha señalado casos como el cese de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la UCO o el de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, este último revertido por los tribunales. "Ahora vemos cómo se pretende apartar también al teniente coronel Antonio Balas", apunta JUCIL, vinculando estas acciones a una supuesta estrategia de control sobre la Guardia Civil por parte del Ministerio del Interior.
Contexto de las críticas a la UCO
La controversia se intensificó tras la publicación de informaciones que apuntan a intentos de desestabilización de la UCO desde ámbitos políticos. Según El Confidencial, Leire Díez Castro, considerada una "fontanera" del PSOE, habría intentado obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Balas a través de un empresario imputado por fraude en el sector de los hidrocarburos. Estas revelaciones han generado una oleada de reacciones, con las asociaciones denunciando que tales maniobras atentan contra la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, las asociaciones han recordado episodios recientes que han puesto a la UCO en el centro de la polémica, como las acusaciones de la vicepresidenta María Jesús Montero el pasado 12 de mayo, quien señaló a la unidad como responsable de filtrar mensajes de WhatsApp relacionados con el caso Ábalos. Este caso, junto a otras investigaciones de alto perfil como el caso Koldo, el caso Begoña Gómez o el caso Luis Rubiales, ha colocado a la UCO en el ojo del huracán, incrementando las tensiones con sectores políticos.
La respuesta del Gobierno y el silencio de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido públicamente a la UCO, afirmando que el Gobierno la apoya facilitándole más medios y personal, y negando cualquier intento de injerencia en sus investigaciones. Sin embargo, las asociaciones han expresado su preocupación por el "silencio" de la Dirección General de la Guardia Civil ante las acusaciones vertidas contra la unidad. AUGC, en particular, ha exigido que la Dirección General salga en defensa de la UCO y garantice su independencia en investigaciones complejas.
Por su parte, el PSOE ha negado cualquier implicación en operaciones para desacreditar a la UCO y ha calificado las acusaciones como "muy graves", reservándose el derecho a emprender acciones legales.
La UCO: una unidad de élite bajo presión
Creada en 1987, la Unidad Central Operativa es el brazo principal de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con más de 600 agentes organizados en departamentos especializados en narcotráfico, delincuencia económica, cibercrimen y delitos contra el patrimonio y las personas. Bajo el mando del coronel Rafael Vicente Yuste Arenillas, la UCO ha liderado investigaciones de gran relevancia, como el caso Pretoria, el crimen de Alcácer o la detención de Jaime Jiménez Arbe, conocido como "El Solitario".
Sin embargo, su rol en casos recientes que afectan a figuras políticas ha generado críticas y presiones que, según las asociaciones, amenazan su prestigio y autonomía. "En una democracia consolidada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben poder desarrollar su trabajo con rigor, neutralidad y sin injerencias políticas de ningún tipo", ha declarado Daniel Fernández, portavoz de IGC.
Un mensaje claro: "A la Guardia Civil se le respeta"
El comunicado conjunto concluye con una frase contundente que resume el sentir de las asociaciones: "A la Guardia Civil se le respeta y se le valora por su trabajo, no se la difama". Este mensaje, ampliamente difundido en redes sociales con hashtags como #YoConLaUCO, refleja el respaldo unánime de los representantes de los guardias civiles a una unidad que consideran esencial para el Estado de Derecho.
Las asociaciones han instado a las autoridades a garantizar la independencia de la UCO y a cesar cualquier intento de desestabilización. Mientras tanto, la sociedad española observa con atención un caso que pone en cuestión la relación entre política y justicia en un momento de alta polarización.
