Bajo el lema “P.N. & G.C. SOS Cataluña”, asociaciones representativas de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional han forjado una alianza sin precedentes para denunciar y frenar lo que consideran una “cesión ilegal” de competencias en materia de inmigración y control de fronteras a los Mossos d’Esquadra.
Esta plataforma conjunta ha convocado una concentración el viernes 30 de mayo a las 12:00 frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, en un claro mensaje de rechazo al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo socialista y Junts per Catalunya.
El pacto, registrado en el Congreso el pasado 4 de marzo de 2025, propone una ley orgánica para delegar a la Generalitat de Cataluña competencias clave en inmigración, incluyendo el control de fronteras, la expedición de documentos como el NIE, la gestión de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la ejecución de devoluciones de inmigrantes. Según las asociaciones y sindicatos, este traspaso supone un “ataque frontal” al marco constitucional, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y al sistema nacional de seguridad pública, además de vulnerar la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La plataforma “P.N. & G.C. SOS Cataluña” sostiene que el acuerdo entre el PSOE y Junts infringe el artículo 149.1.2 de la Constitución Española, que otorga al Estado la competencia exclusiva en materias como inmigración, extranjería, nacionalidad y asilo. Aunque el artículo 150.2 permite la delegación de competencias a las comunidades autónomas mediante ley orgánica, los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado argumentan que esta transferencia excede los límites constitucionales, al afectar el núcleo esencial de competencias estatales y comprometer la soberanía nacional.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 138, limita las funciones de la Generalitat a la colaboración en políticas de integración y acogida, sin otorgar competencias ejecutivas plenas en control de fronteras, expulsiones o documentación de extranjeros. La Ley Orgánica 2/1986, por su parte, asigna de manera exclusiva a la Policía Nacional y la Guardia Civil funciones como la custodia de fronteras, puertos, aeropuertos y la gestión de expulsiones, dejando claro que los Mossos d’Esquadra no pueden asumir estas responsabilidades sin incurrir en una infracción legal.
En su comunicado conjunto, la plataforma advierte que esta cesión no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también compromete la cooperación internacional con organismos como Europol, Interpol y Frontex, al desnaturalizar el modelo único de seguridad del Estado y generar una ruptura operativa y legal. “Cataluña solo puede colaborar en aspectos sociales y culturales de primera acogida, nunca en el control de fronteras o políticas migratorias”, subrayan.
La creación de “P.N. & G.C. SOS Cataluña” responde a lo que las asociaciones y sindicatos consideran un “silencio institucional denigrante y ofensivo” por parte del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, quien, a pesar de las reiteradas solicitudes de reunión durante más de seis meses, no ha respondido a los agentes. Este desdén institucional ha avivado la indignación de los cuerpos policiales, que ven en el acuerdo un intento de desmantelar progresivamente su presencia en Cataluña, en favor de una policía autonómica que, según denuncian, no está preparada para asumir funciones de esta envergadura.
La concentración del 30 de mayo en Barcelona será la primera de una serie de movilizaciones previstas para defender la legalidad constitucional y la permanencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Los organizadores han prometido explorar todas las vías legales, incluidas posibles acciones judiciales, para frenar lo que califican como una “rendición vergonzosa ante el separatismo”.
La cesión de competencias, que incluye el aumento de la plantilla de Mossos d’Esquadra hasta los 26.800 agentes para 2032, contrasta con la situación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos efectivos en Cataluña han visto reducidas sus plantillas y sus funciones en los últimos años. Según datos recientes, Cataluña contará con el doble de agentes autonómicos por habitante en comparación con los efectivos de la Guardia Civil a nivel nacional, lo que genera preocupación sobre el futuro de los 6.000 agentes estatales desplegados en la región.
La plataforma “P.N. & G.C. SOS Cataluña” hace un llamamiento a la sociedad civil, instituciones y partidos políticos que defienden el imperio de la ley para unirse en la defensa de un modelo de seguridad pública constitucional. “No permitiremos que la seguridad de los españoles sea moneda de cambio en pactos políticos”, sentencia el comunicado conjunto.
