El juzgado considera que se vulnera el derecho a la igualdad toda vez que a otros agentes por los mismos hechos sí se les concede la cruz con distintivo rojo
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo ha corregido al Ministerio del Interior y ha otorgado la cruz roja de la Guardia Civil a tres agentes que plantearon recursos contra la Orden de 3 de agosto de 2023 del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, ya que inicialmente fueron distinguidos con la cruz blanca por participar en un dispositivo de rescate en una residencia que sufrió un incendio.
La sentencia más reciente, de 18 de marzo, da la razón al agente al declarar nula la condecoración con distintivo blanco que le otorgó el Ministerio, «anulándola y condenando a la Administración demandada a conceder al recurrente la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo».
El demandante solicitó que se le concediera la cruz roja, que está pensionada con un incremento del salario de forma vitalicia, alegando la vulneración del derecho a la igualdad, «ya que a otros compañeros que realizaron las mismas actividades» recibieron esta distinción al participar en un dispositivo por un incendio en una residencia de ancianos en Valencia.
En una de las sentencias, consultada por Europa Press, se describe que los agentes merecedores de la cruz roja «accedieron a una zona inaccesible, sin medio alguno de respiración, con abundancia de humo y con acción directa del calor debido a las llamas por la acción del fuego».
De esta forma, procedieron al desalojo de las personas residentes allí atrapadas, «todo ello con grave menosprecio de su integridad física ante la salvaguarda de las personas que necesitaban auxilio de inmediato en esos momentos».
El abogado del Estado se opuso al recurso solicitando la confirmación de la resolución recurrida y añadía que se trata de una facultad discrecional de la Administración. Además, negó la vulneración del principio de igualdad «ya que sólo tres» de los que participaron en el rescate «tuvieron riesgo de perder la vida».
En los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida por el gabinete jurídico Suárez-Valdés, consultada por Europa Press, se reconoce la potestad discrecional de la Administración, pero sin que se vulnere el principio de igualdad.
Los hechos ocurrieron la noche del 18 de enero de 2022 en la residencia de ancianos de Moncada (Valencia), lugar al que acudieron los agentes de la guardia civil tras recibir un aviso urgente por un incendio.
Descubrieron que en la planta en la que se había detectado había 24 personas de la tercera edad e impedidas que estaban atrapadas. Inmediatamente se pusieron en marcha para salvarlos. Tuvieron que reptar ante la gran humareda.
El servicio de bomberos, dotado con equipo de respiración autónoma, sacaba uno por uno las camas de los ancianos al pasillo para que desde allí, los guardias civiles, que no disponían ningún tipo de protección respiratoria (a lo sumo disponían de una mascarilla covid) les trasladasen hasta el exterior para que pudiesen ser atendidos por el SAMUR.
Manifestaron que la resolución dictada por Interior que les otorgaba la blanca no era ajustada a derecho. Mostraron un “enorme valor e iniciativa” y sufrieron un riesgo ineludible de perder su vida “actuando altamente profesional en un servicio de manifiesta importancia”.
Los magistrados consideraron que participaron en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros premiados con el distintivo rojo en las labores de rescate de los ancianos impedidos, y consiguiendo rescatar con vida a la mayoría de ellos. Por lo que les han dado la razón.
Para Suárez-Valdés, «Interior viene denegando de forma sistemática la concesión de medallas a agentes que han desarrollado actuaciones merecedoras de la concesión de la cruz del mérito de la Guardia civil con distintivo rojo». Pues hay que recordar que está pensionada.
«El ministerio, por un lado afronta limitaciones presupuestarias derivadas de sus propios créditos y, por otro lado, se da la circunstancia de que se vienen concediendo este tipo de condecoraciones pensionadas a personal de jefatura o unidades qué no ha tenido riesgo directo de perder la vida en las operaciones por las que les resultan concedidas».
«Esta corruptela limita la posibilidad de otorgar este tipo de condecoraciones a los agentes que en realidad sí han corrido riesgo de perder su vida durante sus meritorias actuaciones, como es el caso de estos tres recurrentes», ha concluido.
