COVITE denuncia que el Gobierno vasco ha concedido la semilibertad al asesino de Tomás y Valiente sin que haya demostrado «con hechos verificables» su arrepentimiento
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, ha concedido el tercer grado penitenciario a Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', el asesino del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Según ha denunciado Covite este lunes, se trata de una decisión «fraudulenta» porque el preso etarra no habría demostrado de forma fehaciente su arrepentimiento, uno de los requisitos exigidos para acceder a este tipo de beneficios.
«Se confirma que el Gobierno vasco continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad de los presos de ETA con una apariencia formal de legalidad», critica el principal colectivo de víctimas del terrorismo. A su entender, el tercer grado de Bienzobas, como el de otros reclusos etarras, cumple la ley «en la forma», pero «traiciona por completo su espíritu». «Lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene por qué dar por buenas, y menos aún las víctimas», explica Covite.
Bienzobas acumula un total de 266 años de presión de condena por diferentes sumarios, entre ellos el asesinato de Tomás y Valiente y el del vecino de Getxo y trabajador de Iberduero Rafael San Sebastián Flechoso en junio de 1990. Hasta el momento ha cumplido casi 27 años de reclusión en cárceles tanto de España como de Francia. Nacido en Galdakao en 1969, la consejería de María Jesús San José ya le aplicaba, según varias informaciones, desde el pasado mes de febrero el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitía abandonar la cárcel a diario para realizar algún tipo de voluntariado o actividad laboral.
Pero a partir de ahora ya disfrutará del tercer grado (con el 100.2 aún se permanece en el segundo), al entender el Departamento de Justicia que mantiene una buena conducta, cuenta con una oferta laboral y «un escrito en el que supuestamente expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz». Ese escrito se trata de una «carta privada imposible de verificar y sin ningún respaldo en hechos públicos». «Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad», argumenta la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
La hermana del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, recuerda que la Audiencia Nacional ha señalado que ese tipo de cartas no tienen validez si no van acompañadas de «signos inequívocos de desvinculación». Es decir, «actividades realizadas de colaboración con las autoridades para identificar a otros responsables e incluso en impedir la actuación de organizaciones o asociaciones vinculadas o de apoyo al terrorismo».
Según Covite, la semilibertad de Bienzobas se engloba en la política penitenciaria puesta en marcha por los dirigentes socialistas para «cumplir con la última gran exigencia histórica de la izquierda abertzale en el final de ETA: vaciar las cárceles sin exigir un arrepentimiento sincero ni una verdadera desvinculación del entramado político y social que sostuvo durante décadas a ETA». «No estamos en contra de la reinserción; estamos en contra de que se llame reinserción a lo que en realidad son excarcelaciones encubiertas», apunta Ordóñez.
Dentro de esta estrategia también se englobaría, por ejemplo, la evolución del tercer grado que estarían disfrutando los presos condenados por terrorismo. Según denuncian las víctimas, los reclusos de ETA acceden a la semilibertad a través del artículo 83, que les obliga a regresar a la cárcel a diario a dormir. Sin embargo, en poco tiempo sus expedientes pasan a ejecutarse por el artículo 86, que les permite permanecer fuera las cárceles también por las noches sólo con una pulsera telemática. Esta situación habría ocurrido en el 90% de los casos. «Es un engaño intolerable. A nosotros nos avisan cuando se les da el 83, pero no cuando pasan al 86», se lamenta. «Es una amnistía encubierta», añade
