El investigado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial por circular con vehículo a motor bajo influencia de drogas
26 de septiembre de 2024 La Guardia Civil está comprometida con la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. Para ello desempeña las funciones que la legislación le encomienda de vigilancia y control del tráfico y del transporte en las vías públicas interurbanas.
El pasado día 24 de septiembre de 2024 cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Benavente (Zamora), transitaba por las inmediaciones de la localidad de Benavente, carretera nacional N-525 (Benavente-Vigo), efectuó consulta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico sobre un turismo que les precedía en la marcha, careciendo de la inspección técnica periódica. Una vez identificado el conductor del vehículo para comunicarle este hecho, por parte de los agentes actuantes se aprecian signos evidentes de estar bajo la influencia de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes.
Tras realizar las correspondientes pruebas de detección de drogas arroja resultado positivo en cocaína, opiáceos y anfetaminas. Por estos hechos se confeccionaron diligencias como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
El investigado, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Benavente (Zamora). Se recuerda que la ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.
Estas conductas al volante podrían conllevar administrativamente hasta 1.000 € de sanción y penalmente podrían ser castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
