A pesar de que el número de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desplegados en las carreteras es cada vez menor, el trabajo de prevención que estos realizan sigue siendo crucial para dar seguridad en nuestras carreteras.
Basta estudiar las cifras anuales de sanciones que reporta la Dirección General de Tráfico (DGT) y el importe recaudado para comprobar que, año tras año, las multas crecen de forma significativa, principalmente por la irresponsabilidad de algunos conductores.
Esta labor preventiva de la Agrupación de Tráfico y el incremento de las sanciones se debe principalmente a la nueva generación de radares y a los sistemas automatizados de vigilancia con cámaras e inteligencia artificial y por otro, a la intensificación de los controles de alcoholemia y drogas que realizan los agentes de la Benemérita.
Hace justo un año, la DGT superó por primera vez los siete millones de test de alcoholemia realizados en un solo año natural. La mayoría de estos controles son preventivos: se instalan de forma aleatoria en rotondas, accesos a poblaciones o en puntos considerados de riesgo, como las salidas de zonas de ocio nocturno o áreas próximas a restaurantes tras las horas de comida.
La Guardia Civil ha cerrado recientemente una de sus campañas intensivas de control de alcoholemia, realizada durante la tercera semana de diciembre. En solo siete días, los agentes de Tráfico llevaron a cabo más de 190.000 pruebas preventivas.
De ellas, 3.800 conductores dieron positivo por haber consumido alguna cantidad de alcohol, de estos 1.900 superaron la tasa permitida y fueron sancionados administrativamente.
Sin embargo, destacan especialmente los 235 casos con tasas superiores a 0,60 mg/l de aire espirado, que fueron puestos a disposición judicial por delito contra la seguridad vial. A ellos se suman los 12 conductores que se negaron a realizar la prueba, sin entender que precisamente negarse a realizar la prueba es una de las peores opciones en un control
La DGT viene detectando desde hace tiempo un aumento de conductores que rechazan someterse al test de alcoholemia, pensando erróneamente que así evitan consecuencias mayores. Nada más lejos de la realidad: la negativa constituye una infracción grave que conlleva directamente la sanción máxima y un procedimiento judicial en el que, con alta probabilidad, se impone la pena más elevada, incluyendo hasta cuatro años de retirada del permiso de conducción.
Esta práctica, lamentablemente habitual entre algunos personajes públicos que intentan evitar la publicidad negativa de un positivo, termina resultando la opción más perjudicial para el propio infractor.
La labor preventiva de la Guardia Civil sigue siendo clave para reducir la siniestralidad relacionada con el consumo de alcohol y proteger a todos los usuarios de la vía.
