La instrucción se sustenta en una reciente sentencia del Supremo para intentar aplicar este delito también en aguas españolas
En un movimiento destinado a endurecer la respuesta penal contra el narcotráfico marítimo y proteger a los agentes que operan en el Estrecho y costas andaluzas, la Fiscalía Especial Antidroga ha emitido una instrucción clara y operativa: los miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera deben plasmar en sus atestados, con el mayor detalle posible, cualquier acto de violencia, intimidación, ataque o acometimiento —directo o indirecto— cometido por las tripulaciones de las narcolanchas.
La circular, firmada el pasado 29 de junio por la fiscal jefa Rosa Ana Morán, busca abrir la vía para acusar también por delito de piratería (artículo 616 ter del Código Penal) a los ocupantes de estas embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, incluso cuando los hechos ocurran en aguas sometidas a la soberanía española. Hasta ahora, este tipo penal se reservaba principalmente para actos en aguas internacionales, pero la Fiscalía considera que una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a su aplicación más amplia.
Apoyo en jurisprudencia reciente del Supremo
La instrucción se fundamenta especialmente en la sentencia 277/2026 del Tribunal Supremo (de abril de 2026), que revocó una absolución por piratería dictada por la Audiencia Nacional. El alto tribunal avaló la tesis de la Fiscalía al considerar que no es necesario probar ánimo de lucro o fines “piratescos” clásicos. Basta con que exista una conducta violenta contra una embarcación o sus ocupantes que comprometa gravemente la seguridad de la navegación marítima.
“La constatación en el atestado de todos los detalles de los actos cometidos, acompañados, cuando se disponga de ellos, de fotos, grabaciones o cualquier otro medio de constancia, permitirá al fiscal poder conocer mejor los hechos ocurridos y valorar [...] la existencia de indicios que permitan imputar [...] un delito de piratería”, señala expresamente la instrucción de Morán.
Un delito con penas de 10 a 15 años
El delito de piratería conlleva penas de 10 a 15 años de prisión, que se sumarían a las correspondientes por tráfico de drogas (que pueden superar ampliamente esa horquilla en casos de notoria importancia). La Fiscalía argumenta que el bien jurídico protegido es la seguridad de la navegación marítima, un interés supraindividual que trasciende las aguas internacionales, como han hecho legislaciones de países como Canadá o Australia.
En los últimos años se ha registrado un incremento notable de incidentes violentos: embestidas contra patrulleras, maniobras de intimidación y ataques directos a agentes. Estos episodios, según la circular, “se vienen incrementando sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente”.
Contexto: más de 600 narcolanchas activas
La medida llega en un momento de alta tensión en el Campo de Gibraltar y el Estrecho. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, operan más de 600 narcolanchas en la zona. Los narcos han intensificado el uso de violencia para burlar controles, en un escenario donde el volumen de cocaína e hachís que llega a las costas andaluzas no deja de crecer.
Rosa Ana Morán, una de las fiscales más experimentadas en la lucha contra el narcotráfico, lleva tiempo alertando de la profesionalización y la escalada violenta de estas organizaciones. Con esta instrucción, la Fiscalía da un paso operativo concreto: no solo perseguir la droga, sino tratar los ataques a las fuerzas del Estado como lo que son: una amenaza grave contra la seguridad marítima.
Reacciones y expectativas
Expertos consultados por este medio valoran positivamente el respaldo jurisprudencial del Supremo, aunque advierten que su éxito dependerá de la calidad de los atestados y de que los tribunales consoliden esta interpretación amplia del delito de piratería.
Conclusión:
La Fiscalía Antidroga no solo busca más años de cárcel para los narcos. Envía un mensaje claro: embestir o atacar a una patrullera no será solo un intento de fuga o un delito de atentado. Podrá ser calificado como piratería, con todo el peso penal que ello conlleva. En la batalla contra el narcotráfico en el mar, la documentación precisa se convierte ahora en un arma jurídica de primer orden.
