Las primeras detenciones en Valencia, Lérida y Barcelona confirman la necesidad de investigar a quienes no se limitan a convocar movilizaciones, sino que presuntamente organizan saqueos, seleccionan objetivos comerciales y distribuyen instrucciones para enfrentarse a la Policía.
Las semejanzas con las tácticas recogidas en el antiguo manual Black Bloc obligan a mirar más allá de los disturbios y preguntarse quién está detrás de esta nueva forma de movilización.
Hay una diferencia sustancial entre convocar una manifestación, aunque sea crítica, incómoda o contraria a las instituciones, y utilizar una convocatoria pública como instrumento para organizar saqueos, incendios, destrozos y ataques contra quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de todos. Esa diferencia no admite ambigüedades, justificaciones ni equidistancias interesadas.
Lo sucedido en Barcelona el pasado 24 de octubre y las posteriores investigaciones sobre la plataforma BLOCUS han dejado al descubierto una realidad que merece mucha más atención de la que habitualmente se concede a los disturbios callejeros: la existencia de canales digitales en los que no solamente se animaba a participar en una concentración, sino que se difundían instrucciones para preparar acciones violentas, seleccionar establecimientos comerciales, dificultar la identificación de los participantes y enfrentarse a las fuerzas policiales.
Las tres primeras detenciones practicadas en Valencia, Lérida y Barcelona constituyen un punto de inflexión. La investigación policial ha dejado de mirar exclusivamente a quienes aparecen en las imágenes de los altercados para dirigirse también hacia quienes presuntamente estaban detrás de la organización, la captación de participantes y la difusión de instrucciones.
Y eso es precisamente lo que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias: quién convoca, quién organiza, quién dirige, quién financia si existiera financiación y quién convierte una aparente movilización juvenil en una estructura de incitación a la violencia.
No eran simples convocatorias: había instrucciones para delinquir
La actuación de la Policía Nacional en Valencia y de los Mossos d'Esquadra en Cataluña ha puesto de manifiesto elementos que no pueden despacharse como simples excesos de unos cuantos jóvenes.
En Valencia fue detenido un menor de 17 años al que la Policía Nacional atribuye la creación y administración de los canales BLOCUS VLC. Según el Ministerio del Interior, desde esos grupos se organizaban asaltos y saqueos a establecimientos comerciales, se señalaban objetivos concretos y se daban instrucciones sobre las fechas y horas de actuación. Incluso se habría instigado a provocar incendios para distraer a los agentes mientras se cometían los robos. Uno de los canales llegó a superar los 400 usuarios.
En Lérida, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un menor de 16 años, identificado como creador y administrador de los canales BLOCUS de aquella demarcación. Los investigadores le atribuyen la difusión de mensajes para organizar saqueos, actos vandálicos y ataques contra las fuerzas del orden público. En esos grupos se habrían distribuido indicaciones sobre cómo vestir para evitar ser identificado y se habría hablado de utilizar artefactos lesivos contra los policías.
La tercera detención, practicada en Sant Sadurní d'Anoia, corresponde a otro menor de 17 años presuntamente relacionado con la organización y coordinación de los disturbios de Barcelona del 24 de octubre. Según los Mossos, habría difundido enlaces de acceso a los grupos, facilitado instrucciones sobre los materiales que debían llevar los participantes, promovido las acciones violentas y propuesto establecimientos comerciales como posibles objetivos.
Tres actuaciones policiales en diferentes territorios, dos cuerpos de seguridad y un denominador común: la utilización de canales digitales para promover y organizar presuntamente acciones que nada tienen que ver con el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación.
No estamos hablando de una pancarta, de una consigna reivindicativa o de una protesta que termina desbordada por circunstancias imprevistas. Estamos hablando de investigaciones sobre personas a las que se atribuye haber preparado previamente acciones delictivas, impartido instrucciones y animado a otros a participar. La diferencia es enorme.
De Black Bloc a BLOCUS: las coincidencias que no pueden ignorarse
Las semejanzas que hemos detectado en nuestra redacción, entre las instrucciones difundidas por BLOCUS y las recogidas en un antiguo manual de 72 páginas titulado Bloque Negro. Por qué la libertad no será parlamentada, cuya circulación fue publicada en 2017 en el contexto de las movilizaciones independentistas catalanas.
Aquel documento, atribuido periodísticamente a entornos vinculados al denominado Black Bloc, abordaba cuestiones relacionadas con la indumentaria, la actuación de las unidades antidisturbios, las formaciones policiales y las tácticas de confrontación callejera.
La comparación cobra actualidad después de conocerse las investigaciones policiales sobre BLOCUS.
La recomendación de vestir de negro, ocultar el rostro, utilizar guantes y evitar elementos que permitan identificar a los participantes no es una simple cuestión estética cuando aparece acompañada de instrucciones para cometer saqueos, provocar incendios o enfrentarse físicamente a los agentes.
Se ha documentado que las cuentas vinculadas a las convocatorias de Barcelona difundían recomendaciones sobre vestimenta y materiales. En los grupos privados, las conversaciones fueron mucho más allá: aparecieron mensajes sobre establecimientos que debían ser saqueados, utilización de objetos para romper escaparates, incendios de contenedores y ataques contra vehículos policiales.
La investigación de Maldita.es sobre uno de los grupos de Telegram, que llegó a superar los mil usuarios, documentó mensajes en los que se proponía organizar los saqueos por establecimientos, utilizar contenedores incendiados para distraer a la Policía y acudir con el rostro cubierto.
La coincidencia de procedimientos con determinadas tácticas históricamente asociadas al Black Bloc merece un análisis serio. No se trata de criminalizar una estética, una ideología o a quienes participan pacíficamente en una manifestación. Se trata de reconocer que determinadas instrucciones, cuando se integran en una planificación dirigida a cometer delitos, adquieren una dimensión completamente distinta.
Si bien es cierto que no existen pruebas que acrediten que BLOCUS sea una organización vinculada orgánicamente al Black Bloc, que sus promotores hayan utilizado aquel manual o que exista una dirección común. Lo que sí existe es una semejanza de métodos que justifica investigar sus posibles antecedentes y conexiones.
La Policía como objetivo: una línea que no puede cruzarse
Hay un elemento especialmente grave en las investigaciones: las instrucciones dirigidas contra los propios agentes.
Los policías no son un obstáculo que deba eliminarse para facilitar un saqueo. Son profesionales que cumplen una función esencial en cualquier Estado de derecho y que, cuando intervienen ante una situación de violencia, se exponen a agresiones, lesiones y riesgos que pueden tener consecuencias irreversibles.
Las referencias a utilizar objetos y artefactos lesivos, dificultar la identificación, preparar elementos para provocar daños personales o materiales, o emplear incendios como distracción no pueden presentarse como una forma más radical de protesta.
Son conductas que deben investigarse y, cuando existan pruebas suficientes, recibir la respuesta judicial correspondiente.
Resulta especialmente preocupante que se intente incorporar a menores de edad a estas dinámicas. La juventud no puede convertirse en una excusa para banalizar la violencia, ni la edad de quienes participan puede servir para restar importancia a la existencia de una posible planificación delictiva.
La captación de adolescentes mediante mensajes aparentemente reivindicativos para conducirlos después a espacios donde se promueven saqueos y enfrentamientos constituye un problema de seguridad y también una responsabilidad social.
Quienes administran esos canales deben responder por sus propias actuaciones. Quienes ejecutan delitos deben responder por los suyos. Y quienes promueven o incitan conductas criminales deben ser investigados conforme a la ley.
La coartada reivindicativa no puede ocultar el verdadero propósito
Uno de los aspectos más reveladores de BLOCUS es la utilización de reivindicaciones sociales y educativas como reclamo para atraer participantes.
La defensa de la educación pública, el acceso a la vivienda, los salarios dignos o cualquier otra reivindicación puede constituir un motivo legítimo de movilización. Precisamente por eso resulta especialmente grave que se utilicen esas causas como cobertura para convocatorias en las que se promueven saqueos y agresiones.
No se defiende la educación pública asaltando comercios. No se reivindica una sociedad más justa incendiando contenedores o atacando a los agentes. No se combate ninguna desigualdad destruyendo el patrimonio de ciudadanos y trabajadores.
Y tampoco puede aceptarse que, cuando aparecen las consecuencias, se intente presentar a todos los participantes como jóvenes que simplemente expresaban su descontento.
Las imágenes de Barcelona, los comercios afectados, los agentes heridos y las investigaciones posteriores obligan a distinguir entre quienes ejercieron pacíficamente su derecho a manifestarse y quienes participaron en los actos violentos o contribuyeron a organizarlos.
La libertad de manifestación no ampara el saqueo, la intimidación ni la agresión.
Tres detenciones no son suficientes si la investigación no llega hasta el final
Las detenciones de Valencia, Lérida y Barcelona son un primer paso importante, pero no pueden representar el punto final de las investigaciones.
La cuestión fundamental es determinar si detrás de los diferentes canales territoriales existía una estructura de coordinación, quién administraba los espacios de comunicación, cómo se seleccionaban los objetivos y de qué manera se difundían las instrucciones.
También debe esclarecerse si las distintas convocatorias respondían a iniciativas independientes que utilizaban una misma denominación o si existían mecanismos de coordinación entre sus promotores. La repetición de una marca, una estética o unas consignas no demuestra por sí sola una dirección centralizada.
Las fuerzas policiales deben llegar hasta donde conduzcan las pruebas. Identificar a quienes aparecen en los vídeos es necesario, pero también lo es determinar la responsabilidad de quienes, desde el anonimato de una pantalla, pudieron impulsar, organizar o dirigir las actuaciones.
La violencia callejera no empieza necesariamente cuando se lanza el primer objeto contra un agente o se rompe el primer escaparate. Puede empezar mucho antes, cuando alguien prepara una convocatoria, distribuye instrucciones y busca personas dispuestas a ejecutar lo que se ha planificado.
Ese es el frente que ahora debe investigarse.
Defender a quienes nos protegen también es defender el Estado de derecho
Desde Tribuna Benemérita hemos defendido siempre que la autoridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no puede quedar sometida al arbitrio de quienes pretenden imponer su voluntad mediante la violencia.
La Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y el resto de los cuerpos policiales tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley. No pueden convertirse en objetivos de quienes consideran que la violencia es un instrumento legítimo para alcanzar sus propósitos.
Tampoco podemos permitir que la sociedad se acostumbre a contemplar escaparates destrozados, establecimientos saqueados, vehículos incendiados y agentes agredidos como si fueran consecuencias inevitables de cualquier movilización.
No lo son. No deben serlo.
