Cuando se reclama que los guardias civiles y los policías nacionales abandonen el País Vasco, se recupera una consigna de odio que durante décadas acompañó al señalamiento de la banda asesina y terrorista ETA y de su entorno hacia quienes combatieron a ETA.
Especialmente grave cuando, además, se conoce la detención de personas investigadas por terrorismo que portaban información sensible sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la obligación de las instituciones es extremar la vigilancia, no mirar hacia otro lado.
El 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, EH Bildu convocó en Basauri una movilización ante las instalaciones de la Policía Nacional para reclamar que el cuartel deje de ocupar esos terrenos. Paralelamente, Ernai, organización juvenil de la izquierda abertzale, difundió una campaña contra la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un mensaje tan explícito como inquietante: «Que se vayan de una vez». La consigna «Alde Hemendik» —fuera de aquí— volvió a ocupar el espacio público como bandera de una reivindicación que pretende expulsar a los agentes de una parte de España, dejando ante la puerta de un cuartel de la Guardia Civil una maleta.
No vamos a disfrazar la realidad con eufemismos. No es una expresión de convivencia. No es una invitación al diálogo. No es una reivindicación inocua cuando se dirige contra quienes, durante décadas, fueron objetivo de una organización terrorista que asesinó, amenazó y persiguió a guardias civiles, policías nacionales, militares y a sus familias.
Se puede debatir sobre competencias, instalaciones, modelos policiales y distribución de recursos. En democracia, todo eso es legítimo. Lo que no puede presentarse como normal es el señalamiento colectivo de unos servidores públicos, la exigencia de que abandonen el territorio donde trabajan y la recuperación de símbolos y consignas que evocan una historia de hostigamiento que costó demasiadas vidas.
La Guardia Civil y la Policía Nacional no tienen que pedir permiso a quienes las rechazan para cumplir la ley.
Las maletas del odio nunca fueron un gesto inocente
La campaña de Ernai recupera una imagen conocida: una mujer arrastra una maleta y la deposita ante el acceso a unas instalaciones de la Guardia Civil. El mensaje se entiende sin necesidad de explicaciones: que los agentes hagan las maletas y se marchen.
Es el viejo recurso de la expulsión simbólica, es la misma campaña lanzada por ETA. Una forma de decir a los profesionales y a sus familias que no son bienvenidos, que su presencia molesta y que deberían abandonar el lugar donde prestan servicio. La maleta pretende convertir el hostigamiento en una escenificación política, pero no cambia su significado.
Quienes conocen la historia reciente del País Vasco saben que el «Alde Hemendik» no nació ayer. Durante años, la campaña contra la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado formó parte de un clima de exclusión que acompañó a la violencia de ETA. El editorial publicado por Tribuna Benemérita en junio de 2025, tras el «Fan Hemendik» de Oñate, ya denunció esa continuidad y recordó el significado de unas movilizaciones que reclaman la salida de la Guardia Civil mientras mantienen vivo el rechazo hacia quienes combatieron a la banda terrorista.
No afirmamos que cada persona que participa en una protesta sea responsable de los crímenes de ETA. Tampoco confundimos automáticamente una convocatoria política con un delito. Pero sí afirmamos que la memoria histórica obliga a reconocer el significado de determinadas consignas y a no blanquearlas mediante un lenguaje festivo o reivindicativo.
No hay nada festivo en decirle a un guardia civil o un policía nacional que se marche de la tierra donde trabaja. No hay nada emancipador en convertir a un policía nacional o un guardia civil en un intruso por llevar un uniforme. Y no hay verdadera convivencia si se pretende que una parte de los ciudadanos tenga que ocultar su profesión, su identidad o su compromiso con el servicio público para evitar el rechazo de determinados sectores.
El pasado no puede convertirse en una coartada para el presente
ETA asesinó a guardias civiles y policías nacionales precisamente porque representaban al Estado de derecho que la organización terrorista pretendía destruir. Los convirtió en objetivos, atacó sus cuarteles, amenazó a sus familias y trató de expulsarlos socialmente de determinadas localidades.
La derrota de ETA fue posible gracias a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la cooperación internacional, a la acción judicial y a la resistencia de una sociedad democrática que se negó a aceptar que la violencia decidiera quién podía vivir en libertad. Muchos agentes pagaron ese compromiso con su vida. Otros quedaron heridos física y emocionalmente. Sus familias conocieron el miedo, la incertidumbre y el dolor de una amenaza que no terminaba al concluir el servicio.
Por eso resulta tan grave que, años después del final de la actividad terrorista de ETA, vuelvan a utilizarse campañas de expulsión dirigidas contra esos mismos cuerpos. La sociedad no puede aceptar que el final de los asesinatos se interprete como una oportunidad para recuperar, bajo nuevas formas, el rechazo social que acompañó a la violencia.
La memoria de las víctimas no es un recurso que se invoque únicamente en los aniversarios. Debe servir para reconocer los mecanismos de intimidación cuando reaparecen, para denunciar el señalamiento y para impedir que quienes defendieron la libertad sean presentados como un problema para la convivencia.
El verdadero avance democrático no consiste en que la Guardia Civil o la Policía Nacional deje de ser visible para quienes la detestan. Consiste en que pueda desarrollar su trabajo sin acoso y en que sus agentes sean respetados como ciudadanos y servidores públicos, con independencia de la ideología de quienes vivan a su alrededor.
Información sensible sobre agentes: una alarma que exige respuestas
La preocupación no se limita a una manifestación de odio. El 17 de octubre se conoció la detención en Irún de dos personas investigadas por un presunto delito de terrorismo, tras una investigación iniciada el 26 de septiembre. Según la información difundida por el Departamento vasco de Seguridad, durante una intervención en Eskoriatza se había localizado material considerado muy sensible, incluida información sobre agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la posible ubicación de un lugar donde podría haber material presumiblemente compuesto por armas y explosivos. La investigación se desarrolla con intervención de la Audiencia Nacional.
Son hechos que merecen la máxima atención que no debe significar indiferencia. La posible recopilación de datos sobre agentes y la localización de material presuntamente relacionado con armas y explosivos constituyen asuntos de enorme gravedad. Si la información personal o profesional de quienes protegen a la ciudadanía acaba en manos de personas que pudieran utilizarla para intimidar, vigilar o preparar acciones ilícitas, el riesgo afecta no solo a los agentes, sino también a sus familias y a la seguridad colectiva.
No se trata de alimentar el miedo. Se trata de impedir que actos de odio hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el País Vasco se conviertan en una amenaza potencial
EH Bildu debe responder por sus mensajes; y el resto de formaciones políticas que lo apoyan, por su coherencia
EH Bildu participa legítimamente en las instituciones, pero esa condición no la exime de responsabilidad política por las campañas de odio que promueve o respalda. Cuando una formación convoca una movilización que reclama la salida de la Policía Nacional y Guardia Civil y, en el mismo contexto, una organización juvenil de su entorno político impulsa mensajes de expulsión contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resulta legítimo preguntar qué modelo de convivencia se está defendiendo.
La cuestión no es impedir que se critique a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Ninguna institución está por encima de la crítica democrática. La cuestión es si una reivindicación política puede normalizar el señalamiento colectivo, el odio, de quienes integran esos cuerpos, como si su presencia fuera incompatible con la identidad de una parte de la ciudadanía.
También quienes mantienen acuerdos parlamentarios con EH Bildu forman parte de la realidad política española y pueden ser discutidos democráticamente. Precisamente por eso, estas formaciones políticas no pueden eludir una respuesta cuando sus socios políticos participan en convocatorias de odio que reclaman la salida de agentes del Estado o cuando se recuperan consignas históricamente asociadas al hostigamiento del grupo terrorista ETA y su entorno hacía las fuerzas de seguridad.
No atribuimos la autoría de estas campañas a quienes han hecho socio político a una formación desde la que nunca denunciaron el terrorismo de ETA y nunca pidieron perdón a las víctimas, ni equiparamos los acuerdos parlamentarios con una responsabilidad penal. Exigimos algo más elemental: coherencia en la defensa de quienes protegen el orden constitucional y una condena clara de cualquier forma de acoso a los servidores públicos.
La convivencia no puede ser una palabra que se utilice para justificar silencios selectivos. Si la dignidad de las víctimas y el respeto a la ley son principios democráticos, deben defenderse también cuando hacerlo resulta incómodo para una estrategia política.
Quienes aspiran a representar al conjunto de la ciudadanía tienen la obligación de contribuir a rebajar la tensión, no de alimentar la exclusión; de proteger los derechos de todos, no de tolerar que unos sean señalados por su uniforme.
Nuestro respaldo a los guardias civiles, policías y sus familias
Desde la Asociación FIEL en el DEBER y Tribuna Benemérita queremos trasladar nuestro apoyo inequívoco a los guardias civiles y policías nacionales destinados en el País Vasco, a sus familias y a todos los compañeros que, durante décadas, han servido allí bajo la amenaza terrorista y la presión de quienes pretendían expulsarlos.
Su trabajo es legítimo. Su presencia está amparada por la ley. Su compromiso con la seguridad y las libertades no depende de la aprobación de ningún partido ni de la simpatía de quienes se manifiestan contra ellos.
A quienes hoy siguen intentando convertirlos en extraños, manteniendo consignas empleadas antes por el terrorismo etarra y su entorno, les recordamos que los agentes no son representantes de una ideología: son servidores públicos. Protegen a ciudadanos que piensan de forma distinta, investigan delitos que afectan a personas de toda condición y trabajan para que los derechos y libertades puedan ejercerse sin miedo.
A las instituciones les reclamamos que no dejen solos a quienes desempeñan esa función. La protección de los agentes, la investigación de cualquier amenaza y el rechazo al señalamiento no pueden depender de la conveniencia política del momento.
Y a la sociedad le pedimos que no se acostumbre a estas imágenes. La normalización del desprecio es peligrosa porque transforma lo que debería causar rechazo en una escena rutinaria. Una maleta ante un cuartel puede presentarse como un símbolo, pero su mensaje es el de siempre: que unos ciudadanos abandonen el lugar donde viven y trabajan porque otros no aceptan su presencia.
No debemos aceptarlo.
La convivencia empieza por no señalar a quienes nos protegen
La paz no consiste en que desaparezcan de la vista quienes fueron objetivo del terrorismo. La convivencia no exige que los guardias civiles y policías nacionales se marchen para que otros puedan sentirse satisfechos. Y la memoria democrática no puede construirse silenciando el papel de quienes arriesgaron la vida para derrotar a ETA.
El País Vasco pertenece a todos sus ciudadanos. También a quienes visten el uniforme de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Ninguna campaña, ninguna consigna y ninguna presión política puede convertirlos en personas sin derecho a estar allí.
A los responsables políticos les corresponde demostrar con hechos que rechazan el acoso y que no aceptan la exclusión como herramienta de movilización. A las autoridades judiciales y policiales, investigar cualquier indicio de amenaza con todas las garantías. Y a los medios y a la sociedad, no confundir la libertad de expresión con la obligación de aceptar sin crítica mensajes que reviven una cultura de hostigamiento.
En Tribuna Benemérita y en FIEL en el DEBER no vamos a mirar hacia otro lado. No lo hicimos al denunciar el «Fan Hemendik» de Oñate en 2025 y no lo hacemos ahora ante los hechos de Basaur y Ernai. Porque la defensa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no es una cuestión partidista: es una defensa del servicio público, de la memoria de las víctimas y de la igualdad de todos ante la ley.
No queremos volver a una sociedad en la que una maleta frente a un cuartel sea una advertencia, un uniforme sea motivo de señalamiento y una familia tenga que vivir con miedo por el trabajo de uno de los suyos.
Guardia Civil y Policía Nacional derrotaron a ETA con la ley, la perseverancia y el sacrificio de muchas personas. No permitamos que el odio que la acompañó encuentre nuevas formas de legitimación.
Frente al «Alde Hemendik», respeto. Frente al acoso, respaldo. Frente al olvido, memoria. Y frente a cualquier intento de expulsar simbólicamente a quienes nos protegen, una respuesta firme: la Guardia Civil y la Policía Nacional están donde deben estar, al servicio de todos los ciudadanos, también en el País Vasco.
