Los sindicatos y asociaciones profesionales representativas de Guardia Civil y Policía Nacional, exigen a la Secretaría de Estado de Seguridad que convoque con carácter urgente la mesa técnica sobre los coeficientes reductores y convierta en norma los acuerdos alcanzados, con su publicación en el BOE
La negociación para reconocer una jubilación anticipada vinculada a la consideración de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo afronta un nuevo momento de incertidumbre. Doce organizaciones representativas de ambos Cuerpos han dirigido una carta a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, en la que reclaman que el proceso no quede paralizado como consecuencia del adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.
El escrito, fechado el 5 de octubre, reclama dos actuaciones concretas: la convocatoria urgente y con carácter de máxima prioridad de la mesa técnica encargada de analizar y calcular la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación y, en segundo lugar, la elaboración y aprobación de las disposiciones normativas necesarias para hacer efectivo lo acordado, con su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La petición adquiere especial relevancia después de que el BOE haya publicado este martes el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, por el que se disuelven las Cortes Generales y se convocan elecciones para el 29 de noviembre. La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre.
Doce organizaciones, una misma reclamación
La iniciativa está respaldada por JUPOL, SUP, SPP, UFP y EYA, por parte de la Policía Nacional, y AEGC, APC, JUCIL, AUGC, ASES-GC, IGC y UOGC, por parte de la Guardia Civil. Así lo recoge también la Asociación Unificada de Guardias Civiles, una de las organizaciones firmantes.
Todas ellas coinciden en una preocupación: que un proceso que se encontraba en una fase decisiva termine perdiéndose entre la disolución de las Cortes, la campaña electoral y la posterior formación de un nuevo Gobierno.
La carta reclama expresamente que se evite que queden en el olvido «compromisos y negociaciones fundamentales para los derechos sociales y laborales» de los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
No es una petición menor. Lo que las organizaciones quieren evitar es que el cambio de calendario político obligue a comenzar de nuevo unas negociaciones que llevan meses desarrollándose.
Una negociación que había entrado en su fase decisiva
La mesa técnica sobre los coeficientes reductores se constituyó el pasado 29 de abril. Según la información difundida por las organizaciones, en la reunión celebrada el 22 de septiembre la Secretaría de Estado de Seguridad presentó por primera vez una propuesta con cifras concretas.
En el ámbito de Clases Pasivas, la propuesta contempla situar en 2027 el haber regulador correspondiente al grupo C1 en una cantidad próxima a los 39.000 euros brutos anuales, mientras que el grupo A2 alcanzaría la pensión máxima. Las organizaciones vinculan esta revisión a la evolución desigual registrada durante los últimos años entre las retribuciones de los funcionarios en activo y sus haberes reguladores.
Para los miembros incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, la propuesta plantea un coeficiente reductor del 0,20 por cada año completo de servicio efectivo, tomando como referencia el modelo aplicado a las policías locales. El Real Decreto 1449/2018 establece precisamente para este colectivo un coeficiente del 0,20 y permite anticipar la jubilación hasta cinco años con carácter general y hasta seis años cuando se acrediten los requisitos establecidos, entre ellos 37 años de actividad efectiva y cotización a partir de 2027.
Es precisamente este modelo el que las organizaciones consideran una referencia para la reivindicación de guardias civiles y policías nacionales.
Del compromiso a la norma
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una propuesta de negociación y un derecho reconocido legalmente: la primera puede ser modificada o incluso quedar paralizada; el segundo necesita una norma que lo haga efectivo.
De ahí la insistencia de las doce organizaciones en que el proceso no se quede en una declaración de intenciones. Su reclamación tiene un destinatario concreto y un objetivo igualmente concreto: que la mesa técnica se reúna, cierre los aspectos pendientes y que las medidas acordadas se plasmen en las correspondientes disposiciones normativas y lleguen al BOE.
Entre las cuestiones todavía pendientes figura, según la información trasladada por las organizaciones, la situación del grupo C2 respecto al C1 a efectos del haber regulador, así como la vinculación de este último a la evolución de las retribuciones de los funcionarios en activo.
Y aquí aparece el principal condicionante de la situación actual.
El calendario político aprieta
La disolución de las Cortes introduce un factor de incertidumbre en una negociación que se encontraba precisamente en su tramo final. Además, una vez celebradas las elecciones, el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo y tendrá limitada su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo las excepciones previstas legalmente. La Ley 50/1997 establece, además, que el Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley ante las Cortes.
Por ello, las organizaciones consideran que el tiempo juega en contra y reclaman que la negociación avance antes de que el proceso electoral termine desplazando esta cuestión de la agenda.
La siguiente reunión de la mesa técnica estaba prevista para el 11 de noviembre, apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral. El calendario, por tanto, deja un margen especialmente estrecho para que una negociación que ha requerido meses de trabajo pueda traducirse en un texto normativo.
Una reivindicación que vuelve a poner el foco en la profesión de riesgo
La reclamación de Guardia Civil y Policía Nacional no es nueva. Lo que cambia ahora es el momento en el que llega: después de meses de negociación, con una propuesta económica y de jubilación sobre la mesa y con unas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.
Para los representantes de ambos Cuerpos, la cuestión ya no debería quedar limitada a la discusión sobre si existe o no voluntad política. La exigencia ahora es que esa voluntad, si realmente existe, se convierta en una norma publicada y aplicable.
Guardias civiles y policías nacionales llevan años reclamando un tratamiento acorde con las características de unas profesiones sometidas a riesgos, turnicidad, desgaste físico y psicológico y unas condiciones de servicio que, según defienden sus organizaciones representativas, justifican un régimen específico de jubilación.
Ahora, las doce organizaciones han colocado la pelota en el tejado de la Secretaría de Estado de Seguridad. Su mensaje es claro: convocar la mesa, cerrar la negociación y llevar el resultado al BOE antes de que el calendario electoral vuelva a dejar la jubilación de quienes protegen a los ciudadanos pendiente de una nueva legislatura.
