icono FACEBBOK icono TWITTER icono TWITTER icono YOUTUBE icono CARTAS AL DIRECTOR icono_INSTAGRAM.jpg icono DIRECCION icono DIRECCION

cabeceratribunabenemerita

Guardia Civil y Policía Nacional en servicio

Las agresiones a guardias civiles y policías nacionales no son daños colaterales de su trabajo. Son ataques contra quienes tienen encomendada la seguridad de todos. Negarles el reconocimiento de profesión de riesgo supone ignorar una realidad que se hace evidente cada vez que un agente resulta herido en acto de servicio.

Tres policías nacionales heridos, uno de ellos con una fractura de tibia y peroné y lesiones en una mano, es el balance del motín protagonizado por alrededor de 70 internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Una vez más, quienes acudieron a cumplir con su obligación terminaron necesitando asistencia médica por la violencia desatada durante una intervención policial.

No hablamos de una incidencia menor ni de un episodio que pueda despacharse como una circunstancia más de la actividad cotidiana. Hablamos de profesionales que tuvieron que afrontar una situación de enorme tensión, con incendios, daños en las instalaciones y un número elevado de personas implicadas. Policías que, ante una situación de peligro, respondieron con la profesionalidad y la responsabilidad que exige su cometido.

Afortunadamente, la intervención de los efectivos de la UIP y la UPR permitió recuperar el control de las instalaciones. Pero hay una realidad que no debemos pasar por alto: tres compañeros resultaron heridos mientras cumplían con su deber.

Y ante hechos como este, desde Tribuna Benemérita consideramos necesario volver a plantear una pregunta que lleva demasiado tiempo esperando una respuesta: ¿hasta cuándo van a seguir guardias civiles y policías nacionales reclamando que se reconozca oficialmente el riesgo inherente a sus profesiones?

El riesgo no es una percepción, es una realidad

Quienes desconocen el trabajo policial pueden pensar que el riesgo forma parte únicamente de determinadas intervenciones extraordinarias. Nada más lejos de la realidad.

Un guardia civil puede enfrentarse a una agresión durante un control de tráfico, una identificación, una detención, una intervención contra el narcotráfico o un servicio de seguridad ciudadana. Un policía nacional puede encontrarse en una situación de violencia durante una intervención ordinaria, en un dispositivo de orden público, en una dependencia policial o, como ha sucedido en Aluche, en una instalación especialmente sensible.

No existe un servicio completamente exento de peligro cuando la función encomendada consiste en hacer cumplir la ley, proteger a los ciudadanos y actuar frente a quienes pretenden vulnerarla.

La imprevisibilidad de las intervenciones, la violencia de determinados delincuentes, la utilización de armas y objetos peligrosos y la creciente complejidad de algunas actuaciones forman parte de una realidad que conocen perfectamente quienes trabajan sobre el terreno.

Por eso, las agresiones no pueden convertirse en una estadística más, ni las lesiones sufridas por los agentes pueden asumirse como un peaje inevitable de su vocación de servicio.

Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y unas consecuencias que, en ocasiones, acompañarán al profesional durante el resto de su vida.

Una reivindicación que no puede seguir esperando

La consideración de Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo constituye una reivindicación histórica de sus integrantes y de sus organizaciones representativas.

No se reclama un privilegio. Se reclama que las administraciones reconozcan unas condiciones laborales objetivamente diferentes, marcadas por la exposición permanente a situaciones que pueden comprometer la integridad física y la propia vida.

Ese reconocimiento debe traducirse en medidas efectivas y no quedarse en declaraciones de reconocimiento institucional. Debe tenerse en cuenta en las condiciones profesionales, en la protección social y en el tratamiento de la jubilación, con las consecuencias que legalmente correspondan.

Resulta difícil comprender que una sociedad que exige a sus fuerzas de seguridad una disponibilidad permanente, sacrificio, disciplina y entrega no haya sido capaz todavía de resolver satisfactoriamente una reivindicación tan importante.

Y resulta aún más difícil aceptar que, después de cada agresión, de cada compañero hospitalizado y de cada intervención que termina con agentes lesionados, la respuesta institucional vuelva a limitarse a expresar solidaridad y reconocimiento.

La solidaridad es necesaria. El agradecimiento también. Pero los profesionales necesitan algo más: decisiones.

La violencia contra los agentes también amenaza la autoridad del Estado

Hay otra cuestión que no debemos olvidar. Cuando se agrede a un guardia civil o a un policía nacional mientras ejerce sus funciones, no estamos únicamente ante un ataque contra una persona uniformada.

Estamos ante una agresión a un representante de la autoridad que actúa en nombre de la ley y de las instituciones democráticas.

La autoridad de los agentes no es un privilegio personal. Es una herramienta imprescindible para garantizar la convivencia, proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir el ordenamiento jurídico.

Permitir que la violencia contra quienes ejercen esa responsabilidad se normalice supone debilitar la capacidad de respuesta del Estado y trasladar un mensaje profundamente equivocado: que quienes están obligados a proteger a los demás pueden quedar desprotegidos cuando son ellos quienes sufren la agresión.

Las administraciones tienen la obligación de garantizar que sus profesionales dispongan de medios adecuados, respaldo jurídico, formación, protección y condiciones laborales acordes con la responsabilidad que desempeñan.

No basta con reclamar firmeza a los agentes. También hay que demostrar firmeza institucional cuando son ellos quienes reciben los golpes.

Los números no pueden ocultar a las personas

En el debate público se han difundido cifras muy preocupantes sobre los delitos de atentado contra agentes de la autoridad y el incremento de determinados indicadores de violencia.

Tres policías heridos en Aluche son tres razones para exigir respuestas. Cada guardia civil agredido durante un servicio, cada policía que termina en un hospital y cada profesional que arrastra secuelas físicas o psicológicas después de una intervención representa una realidad que merece atención y soluciones.

La defensa de quienes nos protegen no puede depender de la repercusión mediática de un suceso ni de la indignación que provoquen unas imágenes durante unas horas.

Debe ser una política pública permanente.

No se puede exigir sacrificio sin ofrecer reconocimiento y protección

Desde Tribuna Benemérita hemos defendido siempre que la Guardia Civil y la Policía Nacional representan dos instituciones fundamentales para la seguridad, la convivencia y la defensa de los valores constitucionales.

Sus integrantes han asumido una responsabilidad que exige mucho más que cumplir un horario o desarrollar una actividad profesional ordinaria. Han elegido servir a los ciudadanos, incluso en circunstancias en las que su propia seguridad puede verse comprometida.

Pero esa vocación no puede utilizarse como justificación para aplazar sus derechos ni para normalizar unas condiciones de riesgo que deben ser reconocidas y atendidas.

Tampoco podemos aceptar que el debate sobre la profesión de riesgo se convierta en una cuestión de oportunidad política. La seguridad de los ciudadanos y la protección de quienes la garantizan deberían situarse por encima de cualquier cálculo partidista.

A quienes tienen responsabilidades de Gobierno les corresponde escuchar a los representantes de los colectivos afectados, estudiar sus reivindicaciones y adoptar decisiones. No es suficiente con elogiar la entrega de los agentes cuando se producen tragedias o con expresar apoyo cuando las agresiones ocupan las portadas.

El reconocimiento debe llegar también cuando no hay cámaras, cuando no hay titulares y cuando los profesionales regresan a sus puestos después de haber sufrido una agresión.

Proteger a quienes nos protegen es una obligación

El motín del CIE de Aluche, volverá a desaparecer de la actualidad informativa. Los titulares serán sustituidos por otros acontecimientos y los tres policías heridos afrontarán su recuperación, como pasarán al olvido informativo y social los agentes fallecidos o heridos en acto de servicio. Sin embargo, la realidad seguirá presente en cada servicio policial.

Por eso, no podemos permitir que este suceso quede reducido a una noticia más sobre agentes lesionados.

Es necesario exigir medidas eficaces contra las agresiones, medios suficientes para afrontar intervenciones de riesgo, respaldo institucional a los profesionales y el reconocimiento de la peligrosidad inherente a sus funciones.

La Guardia Civil y la Policía Nacional no piden aplausos permanentes. Piden respeto, protección y que se reconozca una realidad que conocen demasiado bien: su trabajo puede costarles la salud y, en ocasiones, la vida.

Desde la dirección de Tribuna Benemérita afirmamos con rotundidad que no se puede exigir a quienes protegen a España que arriesguen su integridad física cada día y, al mismo tiempo, mantener pendiente el reconocimiento de los riesgos que asumen.

Proteger a quienes nos protegen no es una concesión. Es una obligación de las instituciones y una deuda de justicia con quienes han hecho del servicio a los demás su profesión.

Y esa deuda no puede seguir aplazándose.