La Guardia Civil pone coto a los problemas de vivienda de los agentes en Baleares. Frente a los obstáculos con los que han contado en veranos anteriores, entre ellos, los altos precios o la falta de pisos por la demanda turística, la Comandancia del Instituto Armado en la comunidad autónoma ha implementado una serie de medidas para facilitar viviendas más asequibles a los guardias que son destinados a las islas durante la época estival.
.La Comandancia balear se puso en contacto con todos los agentes antes de su llegada para asegurarse de si tenían un sitio en el que pernoctar o no. Si se daba esto último, indican desde la Guardia Civil, «se reunía con empresarios y distintos alojamientos para buscarles habitaciones o la opción más óptima». Una acción positiva puesto que, admiten asociaciones profesionales y sindicatos policiales, «no se ha tenido ningún tipo de notificación respecto a quejas o problemas de los agentes con la vivienda».
El Instituto Armado ha cedido así ante la demanda de algunas asociaciones profesionales, quienes pedían medidas urgentes para atajar el problema de los agentes con la vivienda en Baleares, donde la turistificación, la poca oferta y los altos precios han convertido las islas en una región española en la que resulta prácticamente imposible vivir. Tanto es así que ha habido casos de agentes que, ante la imposibilidad de pagar un piso, han acabado viviendo en una caravana o furgoneta.
En su visita a Mallorca el pasado mes de abril, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció una serie de medidas también para atajar la cuestión de la vivienda que, sin embargo, cuatro meses después, no se han puesto en marcha. Habló de «estudios destinados a ver qué infraestructuras dispone la Administración General del Estado para garantizar el derecho a la vivienda de los policías y guardias». Fuentes de este departamento señalaron a este medio en mayo, no obstante, que el «plan se anunciaría en su momento».
En el caso de la Policía Nacional, los problemas han sido idénticos. Tanto es así que el sindicato policial Jupol inició la pasada primavera una campaña para solicitar el apoyo de los ciudadanos propietarios de viviendas de alquiler en Mallorca, Menorca e Ibiza, y de este modo poder llegar acuerdos en el alquiler de las mismas a precios más accesibles y acordes a los ingresos de los funcionarios policiales.
El principal problema al que se enfrentan no solo los policías y guardias, sino también otros funcionarios como profesores, enfermeros o médicos en las islas es la limitación temporal del alquiler. Esto es, que, de por sí, hay pocas, y que la mayoría de contratos que se ofrecen son de octubre a mayo, eliminando el verano, cuando la comunidad autónoma se llena de turistas.
Los precios que exige el alquiler en Baleares, al mismo tiempo, desencadenan que los agentes no tengan arraigo en la zona, y el problema se perpetúe.
Sesde las asociaciones profesionales y sindiicatos policiales reclaman a la Administración que al menos se ponga a disposición de los agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Policía Nacionall una indemnización por residencia.
