La investigación judicial apunta a miembros de la Policía marroquí o de sus servicios secretos como responsables de dirigir sobre el terreno la entrada masiva, mientras las pesquisas tratan de reconstruir quién dio las órdenes
La investigación judicial sobre el asalto masivo a Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio avanza en una dirección que puede cambiar sustancialmente la interpretación de aquellos acontecimientos. Según la información publicada por La Razón, los investigadores han conseguido identificar ya a más de una veintena de personas que actuaron como «dinamizadores» sobre el terreno, individuos que, vestidos de paisano, habrían desempeñado un papel activo en la organización y dirección de la entrada irregular.
Las pesquisas apuntan a que estos individuos pertenecerían a la Policía marroquí o a sus servicios secretos, mientras que el número total de personas que ejercieron esas funciones podría situarse alrededor de la treintena. La información se apoya en el análisis de vídeos y fotografías obtenidos durante la avalancha y en las diligencias practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
No estamos, por tanto, ante una investigación centrada exclusivamente en quienes cruzaron la frontera. El objetivo de la Audiencia Nacional va mucho más lejos: determinar quién organizó, dirigió y pudo ordenar una operación que afectó directamente a la seguridad y a la integridad territorial española.
De una avalancha migratoria a una posible operación organizada
Uno de los elementos que adquieren mayor relevancia en las diligencias es la presencia, detectada en la zona fronteriza de El Tarajal, de dos grupos claramente diferenciados.
Por un lado, agentes uniformados de las Fuerzas de Seguridad marroquíes. Por otro, individuos vestidos de paisano que, según las pesquisas, actuaban como auténticos «agentes dinamizadores sobre el terreno», llegando incluso a impartir instrucciones a los propios efectivos uniformados.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, al asumir la competencia para investigar los hechos, hizo referencia a la interacción entre ambos grupos y a la existencia de individuos que guiaban los movimientos e itinerarios de las personas que pretendían acceder a territorio español.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia porque el informe elaborado por los investigadores no habría considerado aquellos acontecimientos como un episodio migratorio convencional.
Según el documento trasladado a la magistrada, no se habría tratado de un movimiento espontáneo, sino que existiría una determinada «intencionalidad» y elementos compatibles con una estrategia de guerra híbrida. Uno de los datos que más llaman la atención es la conclusión de que la mayoría de los inmigrantes no pretendía permanecer en territorio español.
La diferencia no es menor.
Una llegada irregular masiva responde a una problemática migratoria. Una movilización organizada y dirigida con la finalidad de provocar una presión sobre la frontera española introduce un componente completamente diferente: el de una utilización deliberada de la presión migratoria como instrumento de desestabilización.
Los «dinamizadores», en el centro de las pesquisas
El análisis de las imágenes obtenidas durante aquellos días ha permitido a los investigadores centrar la atención en determinadas personas que no encajaban en el perfil de los migrantes que se concentraban junto a la frontera.
Las imágenes muestran a individuos de paisano que dirigían a grupos de personas y marcaban sus movimientos, mientras los testimonios recogidos entre los propios inmigrantes aportarían otra pieza relevante al puzle.
Según recoge la documentación de la investigación, las declaraciones de los participantes coincidirían de manera prácticamente unánime en que los agentes marroquíes no se limitaron a permanecer pasivos. Los testimonios apuntarían a que se daban indicaciones para acceder a España por la zona del agua situada junto al espigón de El Tarajal y no por otros puntos.
Los investigadores tratan ahora de determinar qué papel concreto desempeñó cada uno de los individuos identificados y, sobre todo, si aquellos que actuaban sobre el terreno recibían instrucciones de niveles superiores.
Es ahí donde la investigación puede adquirir una dimensión especialmente relevante.
Porque identificar a quienes dirigieron físicamente a la multitud permite conocer el «cómo», pero todavía queda por esclarecer el «quién» y el «por qué».
Reconstruir la cadena de decisiones
La Audiencia Nacional no se limita a determinar quién estuvo presente en la frontera. Las diligencias buscan reconstruir la cadena de decisiones que pudo preceder a los acontecimientos.
La investigación pretende determinar si los denominados «dinamizadores» actuaron por iniciativa propia o si respondían a instrucciones procedentes de otras instancias.
Es una cuestión fundamental.
En cualquier operación organizada, quienes aparecen en primera línea no tienen necesariamente capacidad para adoptar las decisiones estratégicas. Pueden ser ejecutores de instrucciones tomadas mucho más arriba.
De ahí que las pesquisas tengan ahora dos vertientes: identificar a todos los participantes directos y seguir el rastro de las órdenes hasta llegar, si las pruebas lo permiten, a quienes pudieron encontrarse detrás de la organización.
Las redes sociales, otra pieza de la operación
La investigación también pone el foco en quienes hicieron posible la movilización de miles de personas.
La magistrada se refiere a los denominados «dinamizadores del mensaje», encargados de promover, difundir y viralizar la convocatoria a través de las redes sociales. Su misión habría sido fundamental para conseguir que una cantidad extraordinaria de personas acudiera a la frontera prácticamente al mismo tiempo.
El trabajo policial se enfrenta aquí a una tarea especialmente compleja: rastrear cientos de mensajes, identificar perfiles y establecer conexiones entre quienes difundieron la convocatoria y quienes posteriormente dirigieron los movimientos sobre el terreno.
Es decir, la investigación trata de reconstruir una posible cadena completa: convocatoria, movilización, organización, dirección y eventual toma de decisiones.
Un «golpe en la mesa» de los investigadores
La información publicada por La Razón describe el informe policial como un auténtico «golpe en la mesa» al vincular a las Fuerzas de Seguridad marroquíes con el desarrollo de la entrada masiva y cuestionar la consideración de los hechos como un episodio migratorio espontáneo.
Más allá de las valoraciones políticas que puedan hacerse, existe un elemento que merece especial atención: la investigación judicial se está apoyando en pruebas objetivas como vídeos, fotografías, informes policiales y testimonios.
La propia magistrada, al asumir la competencia, calificó los hechos investigados en términos de especial gravedad y consideró la posible afectación de la integridad territorial y de la soberanía española.
Eso sitúa la investigación en un terreno muy diferente del debate político habitual sobre inmigración.
Aquí no se trata únicamente de determinar cuántas personas entraron en Ceuta ni de analizar las circunstancias humanitarias de quienes participaron en la avalancha. Se trata de averiguar si detrás de aquella movilización existió una estructura organizada capaz de utilizar a miles de personas como instrumento de presión contra España.
Ceuta, reconocida como víctima
Mientras las diligencias avanzan, la magistrada ha aceptado la personación del Gobierno de Ceuta en la causa, al considerar a la ciudad autónoma y a sus habitantes víctimas de la entrada masiva e irregular.
La resolución reconoce su derecho a ejercer la acusación particular debido a los graves hechos que afectaron a la libertad, al ejercicio de los derechos y a la integridad de personas y bienes.
La decisión tiene una importancia evidente.
Ceuta no aparece en esta investigación simplemente como el escenario geográfico donde tuvo lugar una crisis migratoria. La ciudad y sus ciudadanos son considerados afectados directamente por los hechos investigados.
Y eso obliga a mirar aquella jornada desde otra perspectiva.
La frontera como objetivo
La frontera española de Ceuta no es una línea abstracta sobre un mapa. Es un espacio físico que miles de personas intentaron atravesar de forma simultánea, generando una situación extraordinaria que puso a prueba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Si las investigaciones terminan acreditando que aquella movilización fue deliberadamente organizada y dirigida por agentes vinculados a las estructuras de seguridad marroquíes, la dimensión del episodio cambiará radicalmente.
Porque entonces ya no estaríamos hablando únicamente de una crisis migratoria.
Estaríamos hablando de la utilización de una presión humana masiva como herramienta de conflicto, de una modalidad de guerra híbrida en la que las personas pueden convertirse, consciente o inconscientemente, en parte de una estrategia diseñada para poner en dificultades a un Estado.
Y ante ese tipo de amenaza, la respuesta no puede limitarse a reforzar una frontera física.
Hace falta inteligencia, investigación, coordinación policial y capacidad para identificar con precisión quién organiza, quién financia, quién dirige y quién toma las decisiones.
Una investigación que todavía no ha terminado
La identificación de más de una veintena de presuntos «dinamizadores» constituye un avance relevante, pero no significa que la investigación haya concluido.
Queda por conocer el papel concreto que desempeñó cada uno de ellos, determinar si existieron instrucciones superiores y completar el rastreo de quienes participaron en la difusión de la convocatoria en redes sociales.
También queda por establecer, como corresponde a cualquier procedimiento judicial, qué responsabilidades pueden ser finalmente acreditadas mediante pruebas.
La investigación deberá avanzar con hechos, evidencias y garantías procesales.
Pero hay una conclusión que ya resulta difícil ignorar: la avalancha de Ceuta está siendo investigada por la Justicia como algo que pudo ir mucho más allá de un movimiento migratorio espontáneo.
Y si las pruebas terminan confirmando la existencia de una estructura organizada detrás de aquellos acontecimientos, España habrá tenido que afrontar una amenaza de naturaleza muy distinta a la que durante años se ha asociado tradicionalmente con la seguridad de sus fronteras.
Una amenaza en la que no necesariamente aparecen soldados al otro lado de la frontera.
A veces aparecen civiles.
A veces aparecen miles.
Y, detrás de ellos, quienes conocen perfectamente cómo convertir una frontera en el escenario de una operación de presión contra un Estado
