Las aseguradoras rechazan las condiciones económicas propuestas por Defensa para 2027, al considerar insuficiente la financiación prevista. El Gobierno deberá buscar una solución antes de que finalice el actual convenio, el próximo 31 de diciembre.
28 de octubre de 2026.- La asistencia sanitaria de miles de militares, guardias civiles, retirados y sus familiares afronta un escenario de incertidumbre después de que Asisa y SegurCaixa Adeslas hayan decidido no concurrir al nuevo concierto sanitario del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), cuya licitación quedó desierta el 27 de octubre.
El contrato, previsto para 2027, pretendía garantizar la asistencia médica de los mutualistas que eligen recibir atención a través de entidades privadas. Según los datos publicados, el ISFAS protegía a 531.415 personas a finales de 2025 y aproximadamente el 90 % optaba por la sanidad concertada.
Una financiación que las aseguradoras consideran insuficiente
El principal motivo de la retirada es económico. La propuesta del Ministerio de Defensa contemplaba un incremento medio de las primas del 2 %, una subida que las compañías consideran insuficiente para asumir los costes de la asistencia y mantener la calidad del servicio.
Asisa ha advertido de que las condiciones de la licitación no permiten garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad económica del modelo. Por su parte, Adeslas ha señalado que la financiación prevista para 2027 no alcanza el equilibrio necesario para asumir el nuevo concierto.
Las compañías también apuntan a las particularidades de una población asegurada distribuida por todo el territorio nacional y a unas coberturas que, en determinados aspectos, consideran especialmente exigentes.
La situación recuerda a la crisis de MUFACE de 2024 y 2025, cuando la insuficiencia de las condiciones económicas provocó que las aseguradoras rechazaran inicialmente el nuevo concierto, obligando al Gobierno a mejorar su oferta para garantizar la continuidad del sistema.
La preocupación de militares y guardias civiles
La decisión no significa que los mutualistas hayan perdido ya su cobertura sanitaria. El concierto vigente continúa hasta el 31 de diciembre de 2026 y ambas aseguradoras han manifestado su compromiso de mantener la asistencia durante ese periodo, incluidos los tratamientos y las autorizaciones en curso.
Sin embargo, la falta de ofertas para 2027 obliga al Ministerio de Defensa a buscar una salida en un plazo reducido. Entre las posibilidades se encuentran revisar las condiciones económicas, convocar una nueva licitación o estudiar los mecanismos legales que permitan garantizar la continuidad asistencial.
La incertidumbre afecta especialmente a quienes han organizado su atención médica a través de especialistas, hospitales y centros concertados, y temen que una solución tardía pueda provocar cambios en sus tratamientos o dificultades para acceder a determinados servicios.
Para los guardias civiles y militares, muchos de ellos destinados lejos de sus lugares de origen, la continuidad de una red sanitaria accesible constituye una cuestión esencial para ellos y sus familias.
Defensa debe ofrecer una solución antes de final de año
El Ministerio de Defensa afronta ahora el reto de encontrar una fórmula que permita mantener el modelo sanitario del ISFAS sin comprometer la calidad de la asistencia ni su sostenibilidad económica.
La experiencia de MUFACE demuestra que estos desacuerdos pueden resolverse mediante una revisión de las condiciones, pero también evidencia el riesgo de prolongar la incertidumbre hasta el último momento.
Garantizar la asistencia sanitaria de quienes sirven o han servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil no puede convertirse en una negociación contrarreloj. El Gobierno debe actuar con previsión, transparencia y responsabilidad, ofreciendo garantías tanto a los profesionales como a sus familias.
El concierto ha quedado desierto, pero el problema sigue abierto. La prioridad debe ser alcanzar una solución que preserve la continuidad asistencial y evite que miles de mutualistas afronten el comienzo de 2027 sin certezas sobre quién atenderá sus necesidades sanitarias.
