Grabado publicado en 1846 de un guardia civil de Caballería con uniforme de gala.
En la década de 1840, España carecía de un cuerpo estatal de seguridad pública, a pesar de los diversos y meritorios intentos de los diferentes cuerpos e instituciones que se habían ido creando y desapareciendo a lo largo del tiempo
Por real decreto de 28 de marzo de 1844 se creó el Cuerpo de la Guardia Civil, siendo presidente del gobierno el político Luis González Bravo y López de Arjona, que por cierto había nacido en la capital gaditana durante la Guerra de la Independencia contra el invasor francés. Se trataba de iniciar la puesta en marcha de un novedoso proyecto de creación de una fuerza de seguridad pública de carácter estatal.
Hay que significar que las creadas anteriormente habían ido siendo sucesivamente suprimidas, por unas u otras razones y por diferentes gobiernos, sin que verdaderamente llegasen a desplegarse y asentarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Realmente se trataba de una delicada asignatura pendiente que hasta la creación de la Benemérita no se resolvió.
Para su puesta en marcha y organizar el nuevo Cuerpo se designó, por real orden de 15 de abril siguiente, al mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta, II duque de Ahumada, que aunque de nacimiento pamplonés, pertenecía a una familia con importantes propiedades en las poblaciones gaditanas de Villamartín y Vejer de la Frontera. Nombrado por el gobierno anterior, continuó al frente de dicho proyecto, cuando a partir del 3 de mayo siguiente, el presidente del nuevo gobierno fue el granadino teniente general Ramón María Narváez Campos. Hay que significar que éste había sido diputado por la provincia de Cádiz en las elecciones de 1837.
Fruto del intenso trabajo de reorganización realizado por el II duque de Ahumada, se dictó el 13 de mayo siguiente un nuevo real decreto, que modificó sustanciosamente el anterior de 28 de marzo, organizando y poniendo ya en funcionamiento el nuevo Cuerpo de la Guardia Civil. Ello supondría el inicio de su intensa actividad policial, dotada de un inequívoco carácter militar, destacándose que no tenía entonces el Reino de España, es decir, el Estado, otra fuerza corporativa de seguridad pública.
Tal y como ya se anticipaba en el real decreto de 26 de enero de 1844, que organizaba el nuevo Ramo de Protección y Seguridad Pública, el ministro de la Gobernación de la Península, que entonces era el madrileño marqués de Peñaflorida, José Justiniani Ramírez de Arellano, mientras que el de Guerra era el teniente general bilbaíno Manuel de Mazarredo y Mazarredo, propondría, “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades“.
Hay que significar que, por supuesto, existían en el ámbito militar estatal terrestre, el “Ejército permanente“ y la “Milicia Nacional“, que todavía tenían entonces legalmente impuesto un importante papel en el mantenimiento de la seguridad pública, además de sus misiones castrenses específicas. Pero también hay que insistir en que el Reino de España carecía verdaderamente de un Cuerpo estatal de seguridad pública, a pesar de los diversos y meritorios intentos de los diferentes cuerpos e instituciones que se habían ido creando y desapareciendo a lo largo del tiempo.
En cambio, sí que existían en aquella España rural de entonces, otros cuerpos de carácter policial, pero de ámbito local y con unas misiones limitadas, desplegados en determinadas localidades, no muchas lamentablente, que los sufragaban ellas mismas. Si bien su entidad poblacional era muy distante de las que hoy dia conocemos, era muy necesaria su actividad y presencia. De hecho, en determinados lugares se había dado lugar, desde tiempos anteriores, a la creación de cuerpos de seguridad pública que no sólo excedían del ámbito municipal o comarcal, sino que habían llegado a tener una implantación provincial e incluso regional.
La pregunta que inmediatamente se suscita es qué sucedió con estos últimos cuerpos, de los cuales, en Andalucía, sólo quedan ya referencias en algunos libros de historia y cuyas vicisitudes descansan en las estanterías de archivos y bibliotecas. Uno de ellos es el de los “Escopeteros de Andalucía“, cuya actividad y presencia quedó ocasionalmente recogida en la prensa de la época, dejando constancia de ello en la provincia de Cádiz, su Campo de Gibraltar y Algeciras en particular, significandose que algunos de sus miembros pasaron a formar parte de la Guardia Civil.
Para ello es importante referirse a la real orden comunicada, de 27 de septiembre de 1845, suscrita por el subsecretario del Ministerio de la Gobernación de la Península, el almeriense Juan Felipe Martínez Almagro, y que fue trasladada al II duque de Ahumada, como inspector general de la Guardia Civil.
En dicha fecha, y desde el mentado ministerio, se había trasladado a los jefes políticos provinciales (figura antecesora de los antiguos gobernadores civiles y actuales subdelegados del Gobierno, recogida en la Constitución aprobada en Cádiz el 19 de marzo de 1812), de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada y Jaén, lo comunicado cuatro días antes, mediante real orden, por el ministro de la Guerra, que era entonces el mismo presidente del gobierno (es decir, el teniente general Ramón María Narváez Campos), al de Gobernación de la Península, el asturiano marqués de Pidal, Pedro José Pidal Carniado. Éste, por cierto, a raíz de la invasión francesa de los “Cien Mil Hijos de San Luis“ en 1823, para devolver el poder absolutista al rey Fernando VII, vivió clandestinamente en las ciudades de Cádiz y El Puerto de Santa María, hasta que fue indultado en 1828.
Prosiguiendo con la mentada real orden, se daba cuenta que la reina Isabel II había quedado enterada, por la comunicación que el 16 de julio de 1845 había dirigido el inspector general de la Guardia Civil, al ministro de la Guerra, que el Tercer Tercio de dicho Cuerpo, cuya cabecera estaba en Sevilla, y comprendía las compañías desplegadas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, se hallaba “tan completamente organizado, que tiene en el día la fuerza de 320 hombres de Infantería, y 120 de Caballería“.
Por tal motivo, se consideraba por la propia reina, “innecesaria ya la Compañía de Escopeteros de Andalucía“. Concretamente, se ha servido resolver, que con arreglo a lo prevenido en la Real orden de 18 de Julio del año próximo pasado, se disuelva desde luego la expresada Compañía, pudiendo sus individuos refundirse en el referido Cuerpo de Guardias Civiles, siempre que reunan las circunstancias necesarias, y debiendo sus Oficiales, volver a la situación en que se hallaban, al ingresar en aquella“.
Jesús N. Núñez Calvo
Coronel (R) Guardia Civil - Doctor en Historia
