Existe una realidad alarmante que afecta a los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil, una institución que desde 1844 ha sido pilar fundamental de la seguridad ciudadana en más del 80% del territorio español.
Los datos son contundentes: cada día, tres guardias civiles sufren agresiones durante su jornada laboral, un reflejo del aumento de la agresividad y las faltas de respeto hacia los agentes en 2024 y lo que llevamos de 2025. Esta situación, lejos de ser un fenómeno aislado, pone en evidencia un problema estructural: la falta de "castigos reales" que frenen estas conductas y refuercen el principio de autoridad.
Según han denunciado asociaciones profesionales, en 2024 se registraron más de 1.400 agresiones a guardias civiles, lo que representa un incremento del 18% respecto al año anterior y un 34% en los últimos dos años, marcando un récord histórico.
Además conocemos que en el primer trimestre de 2025, las agresiones alcanzaron las 232, con una media de tres ataques diarios, de los cuales seis lo fueron con distintos tipos de armas.
Más preocupante aún es el aumento exponencial de las bajas por lesiones que en algunas provincias, han crecido un 500%, como es el caso de Huelva entre 2021 y 2024, pasando de 4 a 20 casos.
Estas cifras no solo reflejan un deterioro del respeto hacia la autoridad, sino también la percepción de impunidad entre los agresores. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil, han venido denunciando que las condenas por estos actos son a menudo "irrisorias", con multas de 30 a 50 euros por agresiones físicas que, en muchos casos, los responsables no pagan al declararse insolventes y que llevan en muchos casos a que los agentes deban causar baja para el servicio durante tiempo indefinido.
La condescendencia y la falta de dureza judicial, sumada a la falta de reconocimiento de la profesión de guardia civil como de riesgo, envía un mensaje claro: atacar a un agente tiene pocas consecuencias. La ausencia de penas disuasorias y la percepción de que "pegar a un guardia sale gratis" alimentan un ciclo de violencia que pone en riesgo no solo a los agentes, sino también la seguridad ciudadana.
Los testimonios de los propios guardias civiles son desgarradores. Agentes agredidos relatan haber recibido una "lluvia de golpes" provocándoles lesiones graves, agresiones que vienen acompañadas de insultos como "esto te pasa por ser guardia", en otros casos los agentes describen que han llegado a ser agredidos incluso por víctimas de violencia de género mientras intentaban reducir a su agresor, la presión psicológica de las agresiones se suma a la física, con agentes temiendo denuncias falsas o la exposición en redes sociales, lo que agrava su sensación de indefensión. Esto no son meras anécdotas; son síntomas de un sistema que no protege a quienes arriesgan su vida por protegernos.
La raíz del problema es multifacética. La falta de personal —con un déficit de 17.000 agentes y la jubilación inminente de 27.000 más— obliga a patrullas de seguridad ciudadana a operar en muchas ocsiones en solitario, enfrentándose a situaciones de alto riesgo sin apoyo inmediato.
Desde Tribuna Benemérita, exigimos medidas urgentes y concretas.
Primero, el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, equiparándola a otros cuerpos policiales autonómicos y locales, lo que facilitaría mejores condiciones laborales y de seguridad.
Segundo, endurecer las penas por agresiones a agentes, incluyendo su consideración como "eurodelito" para garantizar sanciones homogéneas y efectivas a nivel europeo.
Tercero, una inversión inmediata en recursos: más personal, más efectivos, vehículos modernos, cámaras de vigilancia y protocolos que prohíban patrullas en solitario. Finalmente, urge una campaña institucional que restaure el principio de autoridad y fomente el respeto hacia quienes velan por nuestra seguridad.
La Guardia Civil no puede seguir siendo el blanco de una violencia que se agrava por la impunidad. Cada agresión es un ataque no solo a un uniforme, sino a los valores de servicio y sacrificio que representa. Como sociedad, tenemos la obligación de proteger a quienes nos protegen. Porque sin autoridad, no hay seguridad; y sin seguridad, no hay libertad.
Antonio Mancera Cárdenas
Director de Tribuna Benemérita
