En una sociedad que se jacta de haber dejado atrás el terror, el blanqueamiento de la banda asesina ETA representa una de las mayores afrentas a la memoria colectiva y a la dignidad de sus víctimas.
Este proceso no es un mero error político o histórico; es una distorsión deliberada que permite a los verdugos reinventarse como figuras respetables, mientras las familias de los asesinados, y las víctimas del terrorismo, reviven su dolor ante la impunidad; es una deriva moral que erosiona los fundamentos de la justicia y el respeto a las víctimas del terrorismo.
Un caso paradigmático de esta ignominia es el de Mikel Albisu Iriarte, más conocido como el asesino 'Mikel Antza', quien lideró enérgicamente la banda asesina ETA durante cerca de una década, que además fue uno de los ideólogos de la siniestra estrategia de la "socialización del sufrimiento", una táctica que extendió el terror a toda la sociedad vasca y navarra, amenazando y asesinando a civiles inocentes para imponer el miedo y el terror generalizado, que provocó cientos de muertes, familias destrozadas y una región marcada por el trauma eterno, y que ahora se presenta como un intelectual comprometido con la cultura en un programa de la emisora “Bizkaia Irratia”, dependiente de la Diputación Foral de Vizcaya y sufragada con fondos públicos, que ofrece al asesino un espacio semanal sin que éste haya expresado jamás arrepentimiento por su rol en la banda asesina ni por los crímenes que orquestó.
No hay mayor indignidad que la falta absoluta de respeto hacia las víctimas, al permitir que un individuo perteneciente a una banda terrorista, que durante más de cinco décadas asoló buena parte de nuestro país y masacró a cientos de víctimas, ocupe un rol activo en la programación de una radio subvencionada y financiada con el dinero de todos los contribuyentes, ni ocupando instituciones públicas. La Diputación de Vizcaya subvenciona el programa del terrorista con al menos 53.000 euros anuales, convirtiendo los impuestos de las propias víctimas en el salario de su asesino.
Colectivos como Covite, AVT, Dignidad y Justicia, han calificado estas situaciones de "indecentes e inmorales", y con razón, en el caso de Antza, este se erige como un "faro de lectura" mientras ignora su implicación en atentados como el intento de asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995, por el que ha sido procesado recientemente. Un programa que se convierte en altavoz y plataforma para blanquear el pasado terrorista bajo el manto de una supuesta intelectualidad de la que el asesino carece.
Este blanqueo no es un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático que humilla a las víctimas del terrorismo. ETA segó 857 vidas en 51 años de barbarie, con 1980 como el año más sangriento, registrando 93 asesinatos. Entre las víctimas, veintitrés menores de edad fueron asesinados y más de sesenta resultaron heridos, dejando un legado de "ataúdes blancos" que claman por justicia. Estos crímenes no fueron aislados; formaron parte de una campaña para sembrar el terror en la sociedad civil. Permitir que asesinos como Antza, artífices de estrategias que afectaron a inocentes, ocupen espacios públicos sin rendir cuentas es una traición a quienes sufrieron la violencia y el odio terrorista.
La humillación se intensifica cuando terroristas y sus cómplices acceden a cargos públicos y desde esa posición homenajean a los asesinos. Recientemente, la izquierda abertzale de Sortu y EH Bildu ha homenajeado al asesino fallecido Jakes Esnal, uno de los autores del atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que fueron asesinadas 11 personas, varias de ellas niños y que simbolizan la barbarie de la banda asesina ETA.
Miembros de esa misma izquierda, que hoy homenajea a los asesinos y humilla a las víctimas y que en su día colaboraron con la banda asesina o pertenecieron a ella, se encuentran en el Congreso dando lecciones de democracia, de moral y de ética. Etarras y sus "favorecedores" infiltrados en administraciones públicas, perpetuando narrativas que minimizan el horror de ETA.
En el caso de Antza, no se trata de integración social; es una burla a la memoria, permitiendo que diserte sobre cultura mientras sus víctimas luchan por el reconocimiento y la reparación. Deberíamos exigir que las instituciones públicas cortasen de raíz cualquier colaboración con terroristas y asesinos no arrepentidos como Antza.
No se trata de censurar la cultura, sino de salvaguardar la dignidad humana. Las víctimas inocentes de ETA –guardias civiles, policías, militares, civiles, niños– merecen justicia, no ver a sus verdugos en pedestales pagados con dinero público.
El blanqueamiento no solo reescribe la historia; la profana.
Antonio Mancera Cárdenas
Director Tribuna Benemérita
