La Asociación Dignidad y Justicia ha denunciado Arnaldo Otegi ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusándole de participar en seis secuestros y un asesinato.
El escrito se basa en las declaraciones de doce miembros de ETA, que señalaron al actual secretario de Bildu por haber participado bien como autor material o bien como responsable del Comando, señalando el objetivo y planificando dichos atentados.
La denuncia, adjunta las noticias publicadas en el periódico EL MUNDO los días 16 y 17 de octubre, en las que se indica que los doce terroristas inculparon a Otegi, alias "El Gordo", en nueve secuestros. Así mismo, lo identifican como quien dio la orden para asesinar a Juan de Dios Noval, político perteneciente a la UDC, además de haber participado en diversos atracos y un asalto a mano armada, unos hechos que se habrían consumado en un plazo de diez años, entre 1977 y 1987.
La Asociación de Víctimas pide en su escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abra una investigación sobre las actividades del líder de EH Bildu durante la década en la que militó en ETA. "De los hechos narrados y los documentos aportados", indica la denuncia, "se desprende indiciariamente que Arnaldo Otegi Mondragón, El Gordo, participó en seis secuestros [por otros tres fue ya juzgado] y un asesinato, amén de múltiples robos de explosivos, municiones y explosivos y demás atentados terroristas contra bienes que causaron diversos daños, respecto de los cuales no habría sido investigado y, por ende, enjuiciado. Así lo declararon ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un total de doce miembros de la organización terrorista ETA cuando fueron detenidos".
En el escrito remitido en la tarde del martes, Dignidad y Justicia hace varias peticiones al Ministerio Público. La principal, que solicite la reapertura de todas las causas que en su día se abrieran por los secuestros y el asesinato en el que Otegi podría estar implicado y que se le tome declaración como investigado. La asociación quiere contar para ello con informes previos de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre la actividad terrorista del dirigente abertzale.
Finalmente, pide que la Audiencia compruebe si llegó a hacer frente a la indemnización de 100.000 pesetas (600 euros) que en su día se le impuso por uno de los secuestros y que habría eludido al declararse insolvente. "En caso negativo, activar los mecanismos necesarios para activar el procedimiento de recaudación por vía administrativa a dicho condenado.
La Fiscalía que dirige Jesús Alonso tendrá ahora que revisar la denuncia y, tras abrir unas diligencias, resolver si las archiva de inmediato o si hace indagaciones que puedan concluir en la petición a un juzgado de la apertura de una nueva causa judicial o la reapertura de alguna que se encontraba archivada. Una reciente denuncia de la misma asociación sobre ex terroristas que se presentaban a las últimas elecciones se zanjó con un archivo fulminante que contenía errores y tuvo que ser corregido.
El principal obstáculo para activar las investigaciones es la prescripción de los presuntos delitos, de los que ya que se han superado los 20 años. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene investigaciones abiertas por delitos que también rebasaron esos plazos. En favor de la tesis de investigar lo sucedió en los años 70 y 80 la denuncia esgrime el Informe de misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, de 4 de marzo de 2022, relativa a los 379 casos de asesinatos todavía sin resolver cometidos por la organización terrorista ETA.
De los seis secuestros restantes, dos fueron frustrados y otros dos los habría ordenado el propio Otegi, además de ordenar el asesinato de Noval el 31 de octubre de 1980, en San Sebastián.
