La asociación entrega su XIV Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil e impone doce Cruces de la Dignidad.
Lucía Ruiz, presidenta nacional de AVT, reclama que los derechos de las víctimas no queden subordinados a los intereses políticos, mientras Pedro Rollán reivindica la labor conjunta de policías, jueces y sociedad en la derrota de ETA. El acto estuvo conducido por Miguel Ángel Folguera, guardia civil, víctima del terrorismo y consejero de la AVT.
La memoria de quienes sufrieron la barbarie terrorista, la exigencia de justicia y el reconocimiento a quienes han dedicado su vida a combatir el terrorismo protagonizaron este jueves, 22 de octubre, el acto institucional organizado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en el Senado de España. Una ceremonia que tuvo como momento central la entrega del XIV Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la imposición de doce Cruces de la Dignidad a personas cuya trayectoria ha sido reconocida por su compromiso con las víctimas.
El encuentro, celebrado en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta bajo el lema «Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado», reunió a representantes institucionales, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales y personas comprometidas con la defensa de los derechos de las víctimas.
La conducción del acto correspondió a Miguel Ángel Folguera, guardia civil, víctima del terrorismo y consejero de la AVT, cuya trayectoria personal y vinculación con la asociación representan el compromiso de quienes, después de haber sufrido directamente la violencia terrorista, continúan trabajando para que sus consecuencias no sean relegadas al olvido.
La UCO, reconocida por su profesionalidad y rigor
El XIV Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia recayó en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una de las unidades de referencia en la investigación criminal y en la lucha contra el terrorismo.
El galardón fue recogido por el jefe de la UCO, el coronel Pedro Merino Castro, en reconocimiento a la profesionalidad, el rigor y la excelencia de una unidad que ha participado en investigaciones complejas y que representa la contribución de la Guardia Civil a la defensa de las libertades y del Estado de Derecho.
La AVT subrayó el papel fundamental desempeñado por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo en España y el significado especial que tiene este reconocimiento para quienes padecieron sus consecuencias.
Para las víctimas, el trabajo de las fuerzas policiales no se mide únicamente por la detención de los responsables. También resulta esencial que las investigaciones permitan esclarecer los atentados, identificar a sus autores y colaboradores y aportar respuestas a las familias que todavía desconocen quién asesinó a sus seres queridos.
La distinción a la UCO constituye, por tanto, un reconocimiento a la labor de sus profesionales y, al mismo tiempo, un recordatorio de que la lucha contra el terrorismo exige perseverancia, investigación rigurosa y colaboración con la Justicia.
Lucía Ruiz: «Las víctimas no pertenecemos a ningún partido político»
La presidenta de la AVT, Lucía Ruiz García, situó en el centro de su intervención una reivindicación que trasciende las diferencias partidistas: la memoria, la dignidad y los derechos de las víctimas deben constituir un compromiso permanente del Estado.
Ruiz defendió que ese compromiso no puede depender de los cambios de Gobierno, de las mayorías parlamentarias ni de los intereses políticos de cada momento. La protección de las víctimas, insistió, debe ser firme, permanente y compartida por todas las instituciones.
La presidenta de la asociación fue especialmente clara al advertir de que las víctimas no son patrimonio de ninguna formación política y de que su memoria no puede utilizarse en función de conveniencias partidistas.
Desde esa posición, la AVT volvió a cuestionar la normalización de los acuerdos políticos del Gobierno con EH Bildu sin una condena inequívoca de la injusticia de los crímenes de ETA. Ruiz precisó que su reclamación no pretende cuestionar las reglas democráticas, sino evitar que cualquier acuerdo relegue a un segundo plano la verdad, la memoria, la dignidad o la justicia de las víctimas.
Su intervención incidió también en una de las cuestiones que continúan causando dolor e incomprensión entre las familias: la existencia de asesinatos de ETA que todavía no han sido esclarecidos. Quince años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de la organización terrorista, siguen existiendo familias que esperan conocer quiénes fueron los responsables de los crímenes que destrozaron sus vidas.
A esa incertidumbre se suman las decisiones penitenciarias que las víctimas consideran insuficientemente explicadas o que entienden que no responden a las exigencias legales aplicables.
La posición de la AVT es que no se reclaman privilegios ni el cumplimiento de penas más allá de lo establecido legalmente. Se reclama, por el contrario, que la ley se aplique con rigor y que los beneficios penitenciarios se concedan únicamente cuando se acrediten los requisitos exigidos, incluida, cuando corresponda, la colaboración efectiva con la Justicia.
El mensaje de Lucía Ruiz fue, en definitiva, una llamada a las instituciones para que la defensa de las víctimas no quede reducida a declaraciones solemnes durante los homenajes, sino que tenga continuidad en las decisiones políticas, judiciales y penitenciarias.
Pedro Rollán reivindica la derrota de ETA desde la unidad y el Estado de Derecho
El presidente del Senado, Pedro Rollán, clausuró el acto institucional y felicitó a la UCO por el reconocimiento recibido, extendiendo el agradecimiento al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces, magistrados, fiscales y profesionales del Poder Judicial que contribuyeron a combatir el terrorismo.
Rollán rechazó una interpretación individualista de la derrota de ETA y destacó que fue el resultado de un esfuerzo colectivo en el que confluyeron la investigación policial, la actuación de la Justicia, la cooperación internacional y el compromiso de la sociedad española.
El presidente de la Cámara Alta resumió esa idea al señalar que la derrota de ETA no fue fruto del acierto de un único componente ni de una actuación individual, sino de la labor policial, la Justicia, la colaboración internacional y la implicación de la sociedad en su conjunto.
La victoria frente al terrorismo, defendió, se alcanzó desde la unidad, la democracia y el Estado de Derecho. Una consideración que sitúa el trabajo de la Guardia Civil y de las demás instituciones en el marco de una respuesta democrática frente a quienes pretendieron imponer sus objetivos mediante el asesinato, la amenaza y la intimidación.
Rollán también alertó sobre la presencia, en las candidaturas electorales de los comicios previstos para el 29 de noviembre, de personas condenadas por pertenencia o apoyo a la actividad terrorista. En su intervención cuestionó los intentos de blanquear el terrorismo y sostuvo que las decisiones de un país no pueden quedar bajo la influencia de quienes no condenan la violencia ni colaboran con la Justicia.
En ese contexto, recordó que cerca de 400 asesinatos de ETA continúan sin resolverse, una cifra que pone de manifiesto la dimensión del trabajo pendiente para esclarecer los crímenes y ofrecer respuestas a las familias.
Su intervención coincidió con una de las principales reclamaciones de la AVT: la memoria de las víctimas debe mantenerse viva y el Estado de Derecho ha de seguir proporcionando las herramientas necesarias para esclarecer los atentados y garantizar que la justicia no quede subordinada a intereses ajenos a los derechos de las víctimas.
Doce Cruces de la Dignidad
Junto al reconocimiento concedido a la UCO, la AVT impuso doce Cruces de la Dignidad a personas distinguidas por su compromiso y su contribución a la defensa de las víctimas del terrorismo.
Entre los galardonados figuraron responsables políticos, representantes institucionales, profesionales de la seguridad pública, periodistas y miembros de la propia asociación. La relación de reconocidos incluyó a:
- María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.
María Teresa Herráez García, jefa superior de Policía Nacional en el País Vasco.
Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, exfiscal de la Audiencia Nacional, distinguido a título póstumo. El reconocimiento fue recibido por su hijo.
Pedro Francisco Sánchez Cabello, guardia civil destinado en la Comandancia de Zaragoza, creador e impulsor de la Andada en memoria de las víctimas del atentado terrorista de Zaragoza.
Jesús Fernando Agudo, concejal de Cultura de Villanueva de la Cañada.
Juan José Murillo Moreno, asesor de protocolo y relaciones institucionales del Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas.
Ignacio Navarro Gil, presentador y productor audiovisual.
Enriqueta Garaz Loureiro, periodista.
Narcisa López Castro, secretaria general de la AVT.
María Paz Fernández, alcaldesa de Ronda.
La relación de premiados refleja la diversidad de ámbitos desde los que se puede contribuir a la defensa de la memoria de las víctimas: las instituciones públicas, los cuerpos policiales, la Justicia, la comunicación, la atención profesional y el trabajo cotidiano de las asociaciones.
«Perico» y la memoria que se convierte en compromiso
Entre las distinciones entregadas destaca la concedida a Pedro Francisco Sánchez Cabello, «Perico», guardia civil destinado en la Comandancia de Zaragoza y promotor de la Andada en recuerdo y como homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido el día 11 de diciembre de 1987 contra el Acuartelamiento del Cuerpo que se encontraba situado en la Avenida de Cataluña de la ciudad de Zaragoza y que lleva organizado desde el año 2013.
Su iniciativa constituye una forma de mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia terrorista y de trasladar ese homenaje a la sociedad mediante una actividad que reúne memoria, participación y reconocimiento.
La Andada convierte el recuerdo en una acción compartida. No se limita a recordar una fecha o a evocar a quienes perdieron la vida, sino que contribuye a preservar su memoria y a transmitir a las nuevas generaciones la dimensión humana de los atentados y las consecuencias que dejaron en las familias y en toda la sociedad.
El reconocimiento a «Perico» pone de relieve, además, que la defensa de las víctimas no se desarrolla únicamente en los grandes actos institucionales. También se construye con iniciativas personales, perseverancia y trabajo continuado, capaces de mantener presente el recuerdo de las víctimas mucho después de que desaparezca la atención mediática.
Un compromiso que debe mantenerse más allá de los homenajes
El acto celebrado en el Senado dejó un mensaje compartido por la AVT y por la Presidencia de la Cámara Alta: la derrota del terrorismo fue una conquista colectiva de la sociedad democrática, pero la defensa de sus víctimas sigue siendo una responsabilidad presente.
La concesión del premio a la UCO reconoce el valor de la investigación policial y la contribución de la Guardia Civil a la lucha contra el terrorismo. Las Cruces de la Dignidad, por su parte, distinguen a personas que, desde responsabilidades muy distintas, han contribuido a preservar la memoria y a defender los derechos de quienes padecieron la violencia.
Las intervenciones de Lucía Ruiz y Pedro Rollán coincidieron en la importancia de no olvidar. Sin embargo, el compromiso con las víctimas requiere también respuestas concretas: esclarecer los asesinatos pendientes, respetar los derechos de las familias, aplicar la legislación penitenciaria con rigor y evitar que la memoria de quienes sufrieron el terrorismo quede sometida a conveniencias políticas.
Quince años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, las víctimas siguen reclamando verdad, memoria, dignidad y justicia. No como una consigna ceremonial, sino como principios que deben orientar la actuación de las instituciones y el compromiso de toda la sociedad.
Porque recordar a las víctimas es una obligación moral. Esclarecer los crímenes pendientes es una exigencia de justicia. Y preservar su dignidad constituye una responsabilidad democrática que no puede darse por concluida mientras haya familias esperando respuestas.
