El delegado del Gobierno en Baleares, ha anunciado un ambicioso proyecto del Ministerio del Interior de España para construir dos edificios de viviendas destinados a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la isla de Ibiza, una medida que busca abordar la crítica situación de alojamiento que enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta región.
Sin embargo, la ejecución de este proyecto está supeditada a su inclusión en el Segundo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE), lo que genera incertidumbre sobre los plazos de construcción y deja en el aire una solución definitiva para los agentes destinados en la isla.
A continuación, desglosamos los detalles de esta iniciativa, su contexto, las reacciones y los desafíos pendientes.
Un proyecto para paliar la crisis habitacional en Ibiza
El anuncio, realizado por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, durante una reunión de la Junta Local de Seguridad en Santa Eulària el pasado 21 de mayo de 2025, contempla la construcción de dos infraestructuras clave. La primera, una residencia para policías nacionales, se ubicará en un solar propiedad del Ministerio del Interior junto a la Comisaría de Policía de Ibiza. La segunda, destinada a agentes de la Guardia Civil, se levantará en un terreno de 8.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Santa Eulària, próximo al núcleo urbano de Santa Gertrudis, con capacidad para albergar alrededor de un centenar de viviendas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había avanzado en marzo de 2025, durante una intervención en el Senado, que el proyecto de viviendas junto a la Comisaría de Ibiza era “prioritario” y estaba en proceso de consignación presupuestaria. Además, señaló que el presupuesto inicial de 15 millones de euros se incrementará sustancialmente para financiar ambas construcciones, aunque no precisó la cantidad final.
Una crisis habitacional que merma las plantillas
La iniciativa responde a una problemática de larga data en Ibiza y Formentera: la falta de vivienda asequible, agravada por el encarecimiento del mercado inmobiliario debido al auge turístico. Esta situación ha llevado a una grave crisis de personal en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con agentes que, al no poder costear alquileres o encontrar alojamiento, optan por solicitar traslados o incluso bajas. En 2024, por ejemplo, seis agentes de la unidad de motoristas de Tráfico de la Guardia Civil abandonaron la isla, dejando la plantilla bajo mínimos.
Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil han calificado la construcción de las viviendas como “un alivio”, aunque advierten que no será una solución definitiva, expresando además escepticismo, recordando promesas incumplidas como la del cuartel de Sant Josep, anunciado en 2016 y nunca construido. Según estas asociaciones, la falta de detalles sobre si las viviendas serán familiares o individuales plantea dudas sobre su capacidad para fidelizar a los agentes, ya que muchos no podrán trasladar a sus familias a la isla con habitaciones individuales.
El problema viene de lejos, los pabellones actuales solo alojan a un tercio de la plantilla de la Guardia Civil en Ibiza, dejando a muchos agentes en condiciones precarias, debiendo compartir pisos abarrotados o incluso vivir en furgonetas y caravanas. Esta situación no solo afecta el bienestar de los agentes, sino también la a calidad del servicio de seguridad en la isla que duplica los habitantes durante la época veraniega.
El Segundo Plan de Infraestructuras: clave para la financiación
El Segundo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, aún en fase de elaboración, será determinante para la viabilidad del proyecto. Aprobado inicialmente en 2019 con un presupuesto de 600 millones de euros para el período 2019-2025, el PLISE busca modernizar las infraestructuras de seguridad y mejorar las condiciones laborales de policías y guardias civiles. Sin embargo, la financiación de las viviendas en Ibiza no está cerrada, y su inclusión en el plan dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o de la generación de algún tipo de crédito alternativo, según ha indicado Grande-Marlaska.
El precedente del primer PLISE muestra que proyectos similares, como la nueva comisaría de Almendralejo o el cuartel de Cabo de Gata, han requerido una coordinación compleja entre el Ministerio del Interior, ayuntamientos y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). En el caso de Ibiza, la cesión del terreno en Santa Gertrudis por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària ya está prácticamente formalizada, pero falta la firma definitiva del Ministerio para avanzar.
Reacciones y desafíos pendientes
La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha destacado la “excelente coordinación” entre los cuerpos de seguridad y ha reiterado su compromiso para reforzar la presencia policial durante los meses de verano, cuando la demanda de seguridad aumenta. Sin embargo, desde las asociaciones de guardias civiles y las patronales locales, como PIMEEF, se insiste en la necesidad de un plus de insularidad actualizado que refleje el alto coste de vida en las Pitiusas.
Por su parte, el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, ha reclamado la reactivación urgente del proyecto, recordando que un convenio similar firmado en 2019 durante el mandato de Francina Armengol no prosperó debido a cambios políticos en las instituciones locales. Este historial de promesas incumplidas alimenta el escepticismo entre los agentes y la ciudadanía, que temen que las viviendas no se materialicen a corto plazo.
Además, la falta de claridad sobre el número de refuerzos estivales para la temporada turística de 2025 agrava las preocupaciones. Aunque Rodríguez Badal ha asegurado que llegarán agentes adicionales, no se ha especificado cuántos ni cómo se gestionará la cobertura de vacantes, especialmente tras el abandono de puestos clave en los últimos años.
Una medida necesaria, pero insuficiente sin plazos concretos
La construcción de viviendas para policías y guardias civiles en Ibiza es una iniciativa largamente esperada que podría aliviar la presión sobre las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, la indefinición de los plazos y la dependencia de la financiación del Segundo PLISE generan dudas sobre su ejecución. La crisis habitacional, combinada con un plus de insularidad desactualizado y la alta rotación de agentes, sigue siendo un obstáculo para garantizar la seguridad en una isla que recibe millones de turistas cada año.
Corresponde al Ministerio del Interior priorizar este proyecto, establecer un calendario claro y garantizar los recursos necesarios para su realización. Además es imperativo abordar las demandas de las asociaciones profesionales, como la actualización del plus de insularidad y la mejora de las condiciones laborales, para estabilizar las plantillas y asegurar un servicio de calidad a los ciudadanos de las Islas Baleares. Solo con un compromiso firme y acciones concretas se podrá superar la precariedad que afecta a nuestros guardias civiles y policías nacionales en las Pitiusas.
