La dimisión de Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad y figura clave del Ministerio del Interior, ha irrumpido como un terremoto político en un momento de máxima tensión para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Presentada el martes 27 de mayo de 2025 y efectiva en el próximo Consejo de Ministros del 3 de junio, la salida del 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska se produce en plena controversia por unos audios que sugieren una maniobra orquestada desde el entorno del PSOE para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Como redactor jefe, he supervisado la recopilación de información de fuentes fiables y publicaciones en X para ofrecer un análisis riguroso de un episodio que amenaza con agravar la crisis institucional del Ejecutivo.
Rafael Pérez, magistrado de 44 años, ha justificado su dimisión por “motivos personales y familiares”. Sin embargo, la coincidencia con el escándalo de los audios filtrados, publicados por El Confidencial, levanta sospechas de su salida. En dichos audios, Leire Díez, directora de Relaciones Institucionales de Correos y militante socialista, ofrece supuestamente beneficios judiciales a un empresario investigado por fraude en hidrocarburos a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Las referencias despectivas a la Guardia Civil, comparándola con “la Camorra”, han desatado una furia contenida entre los agentes y han reavivado las acusaciones de una “purga” de mandos críticos bajo el mandato de Marlaska.
Pérez, que asumió el cargo de secretario de Estado en enero de 2020 tras ser jefe de Gabinete, era el enlace principal entre el ministerio y las fuerzas de seguridad. Fuentes cercanas al ministerio, consultadas por EFE, insisten en que la dimisión responde a un “desgaste personal” acumulado tras años en un puesto de alta presión. Sin embargo, la sombra de los audios y el fallido contrato de munición con una empresa israelí, anulado tras la intervención de Moncloa, sugieren que Pérez podría estar asumiendo el coste político de una crisis que amenaza con escalar.
La UCO, reconocida por su papel en investigaciones de alto perfil como el caso Koldo o las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, se ha convertido en un objetivo incómodo para el Gobierno. Los audios de Díez, que según El Confidencial implican a figuras próximas al PSOE, han intensificado las acusaciones de injerencia política en las fuerzas de seguridad. Asociaciones profesionales han denunciado una “persecución sistemática” contra la Guardia Civil..
Marlaska, en un intento de apaciguar la tormenta, ha defendido públicamente a la UCO, destacando en el Senado y en rueda de prensa su “profesionalidad intachable” y los recursos destinados a la unidad. No obstante, sus palabras han sido recibidas con escepticismo por las asociaciones profesionales, especialmente tras las críticas de la vicepresidenta María Jesús Montero a la gestión de material incautado por la UCO.
