A cambio el Gobierno deberá devolver 274.000€ de garantía a la empresa. La resolución recoge que Interior asumirá esta indemnización en el caso de que llegue un recurso por parte de la empresa, que tiene 10 días de plazo para presentarlo
El ministerio del Interior ha iniciado el trámite final para anular definitivamente el contrato de 15 millones de balas que fue adjudicado a la empresa israelí IMI Systems por 6.642.900 euros (IVA incluido), contrato desvelado por la SER.
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo ha firmado ya el procedimiento administrativo para resolver el contrato (tienen todavía 8 meses para dictar la resolución final), a través de la ‘resolución del contrato expediente R/0003/A/24/2 L1 y L3’ relativo al "suministro para la adquisición de munición 9x19 mm para dotar al personal de diferentes Unidades de la Guardia Civil".
La plataforma de contratación del sector público publica la "liquidación del contrato", de momento, "a coste cero", según detalla el documento del Ministerio del Interior "al no existir bienes que se puedan recibir", es decir, no han recibido las balas y, por tanto, no pagarán por ello.
La resolución, según ha informado la SER, contempla la opción de pagar una compensación por la ruptura de este contrato que había sido formalizado en plena Semana Santa. Interior asumirá una "indemnización" - al amparo del artículo 213.4 de la LCSP- como "consecuencia de la resolución del contrato por causa no imputable al mismo", en el caso de que llegue un recurso por parte de la empresa israelí Guardian Homeland Security - que actúa como representante de IMI Systems-. La compañía israelí tiene 10 días para hacerlo desde la notificación.
El ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska sí tiene previsto devolver a la empresa israelí los 274.500 euros que anticiparon como garantía del contrato "equivalente al "al 5% del presupuesto base de licitación de cada lote, (excluidos impuestos)".
El Gobierno ordenó a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) que denegase a la empresa israelí la licencia de importación de las balas para poder iniciar la anulación del contrato.
La JIMDDU dio ese paso el pasado 4 de agosto de 2025, lo hizo el Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso "actuando por delegación de firma de la Secretaria de Estado de Comercio" para "DENEGAR la solicitud ESMDDUI085334, dado que contraviene los criterios establecidos en la letra a) del artículo 8.1 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. Y la letra a) del artículo 7.1 del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso… (SIC)".
De esta forma Interior aplica un carácter retroactivo del embargo total de armamento israelí. Para justificar la suspensión de este contrato, el Ministerio de Interior alega el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, "por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, que corrobora la decisión indicada en el párrafo anterior". Es decir, el Gobierno y en su caso el Ministerio de Interior, trata de dar carácter retroactivo a ese embargo total para poder ejecutar esta suspensión con garantías.
El Ministerio del Interior supo cinco meses antes de firmar el contrato de compra de balas con Israel que no había margen para romperlo. Según fuentes conocedoras de aquella licitación, en noviembre de 2024, Interior preguntó a la Abogacía del Estado qué podía hacer para no formalizar el contrato - que ya había sido adjudicado-. La respuesta fue un correo electrónico, nada formal, un mail con un análisis de la Abogacía en el que se detallaba que los argumentos para romper ese contrato de los 15.3 millones de balas era exiguo porque jurídicamente no había motivos para anularlo.
Israel condenó "firmemente" la decisión del Gobierno de España de rescindir el contrato de la compra millonaria de balas. Un portavoz de Exteriores llegó a denunciar que el Ejecutivo estaba "sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos".
