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Les cita como investigados al considerar que integraban el comité ejecutivo de la banda en el momento del ataque. El atentado del 4 de agosto de 2002 acabó con la vida de un hombre de 57 años y de una niña de seis años hija de un agente de la Guardia Civil

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado imputar a seis ex jefes de la organización terrorista ETA por el atentado que el 4 de agosto de 2002 acabó con la vida en Santa Pola (Alicante) de un hombre de 57 años y de una niña de seis años hija de un agente de la Benemérita.

En un auto de este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha citado como investigados a Juan Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi; Ainhoa Múgica, alias Olga; Félix Ignacio Esparza, alias Navarro; Mikel Albisu, alias Mikel Antza, Ramón Sagarzazu, alias Ramontxo, y María Soledad Iparraguirre, alias Anboto.

El propio instructor señala que las citaciones devienen de los informes remitidos por la Jefatura General de Información de la Guardia Civil y por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que resaltan que en la fecha del atentado formaban parte del comité ejecutivo de ETA los seis exdirigentes anteriormente citados.

"Las conclusiones provisionales de la Guardia Civil confirman la participación en el atentado terrorista objeto de instrucción en este sumario de los dirigentes de ETA como responsables del aparato militar de ETA en el momento de los hechos y, por todo ello, deben ser todos ellos llamados a declarar en calidad de investigados", sostiene el juez.

EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

del aparato militar de ETA en el momento de los hechos y, por todo ello, deben ser todos ellos llamados a declarar en calidad de investigados", sostiene el juez. ejercían la labor de dirección y control del comando Argala, cuyos integrantes fueron los autores materiales del atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola".

Uno de los documentos a los que alude el Instituto Armado es un estadillo o inventario de militantes de ETA con referencia al comando en el que estaban integrados y que habría sido escrito por  'Juanvi'. En el mismo, añade el magistrado, ya se hacía referencia al comando Argala.

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', ambos integrantes del comando Argala, al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado de Santa Pola.

Pero es que, además, ese informe con fecha de 20 de julio recoge un escrito que el propio 'Juanvi' envió a sus colaboradores más directos en el aparato militar y en el que transmitía los datos más urgentes con objeto de minimizar las consecuencias de su propia detención. "Entre esos datos urgentes se encontraban los relacionados con varios comandos, uno de ellos el llamado Argala", apunta.

LA TESORERÍA O EL APARATO POLÍTICO

En concreto, Olarra Guridi escribió sobre las intenciones del aparato militar: que los miembros del comando Argala actuasen en Guipúzcoa y Navarra, que existía un miembro "legal"  que estaba con los dos "liberados", y referencias a una vivienda que habría servicio de infraestructura para el comando.

El magistrado también da cuenta de la responsabilidad del resto de los investigados.

En el momento del ataque, 'Ramontxo' ostentaba la máxima responsabilidad del aparato internacional de ETA. 'Mikel Antza', como jefe del aparato político, se encargó de diseñar la estrategia política de la organización terrorista y coordinar su actuación con los organismos y estructuras de su entramado de apoyo.

Por su parte, 'Navarro' estaba al frente del aparato logístico de la banda en el momento del atentado mientras que 'Anboto' se hizo cargo de "uno de los ámbitos de importancia para ETA como fue sus finanzas" al frente de la tesorería.

LA REAPERTURA DEL SUMARIO

En marzo, el magistrado reabrió el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola e instó a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que le remitieran todos los datos sobre  los integrantes de la cúpula de ETA en el momento de los hechos. El Juzgado acordó abrir diligencias previas tras la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían entonces el ZUBA.

García Castellón justificó su decisión por existir "nuevos elementos o circunstancias a valorar" que pueden guardar "directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron" la apertura del proceso penal.

"En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal", aseguró en un auto.

ASOCIACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL "FIEL en el DEBER"