El implicado, un joven de 23 años posee historial delictivo en materia penal y administrativa. Viajaba como ocupante en un turismo cuyo conductor intentó eludir un control policial. Se enfrena a una sanción administrativa que puede alcanzar los 30.000 euros
7 de septiembre de 2026.- Agentes de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Servicio de Seguridad Ciudadana, han tramitado la correspondiente denuncia administrativa contra un varón de 23 años, de nacionalidad española y residente en Logroño, tras intervenirle un revólver y una pistola de aire comprimido accionados mediante cápsulas de CO₂, ambos clasificados en la 4.ª categoría del vigente Reglamento de Armas.
Esta intervención se enmarca en los dispositivos permanentes de control que el Instituto Armado mantiene desplegados en distintos puntos de la comunidad autónoma, orientados a la detección e incautación de armas, objetos contundentes e instrumentos peligrosos aptos para la comisión de delitos o para alterar la seguridad ciudadana.
Los hechos se produjeron durante el desarrollo de un punto de verificación instalado en la avenida de Madrid, a la altura del kilómetro 6 del término municipal de Lardero. Agentes pertenecientes al Puesto de Torrecilla en Cameros procedieron a dar el alto a un turismo marca BMW cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra evasiva con la clara intención de eludir el control.
Tras interceptar el vehículo y proceder a la identificación de su conductor y de sus dos ocupantes, los agentes verificaron que el turismo circulaba sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria. Asimismo, se constató que uno de los jóvenes contaba con antecedentes en materia penal por delitos contra el patrimonio y múltiples infracciones administrativas de diversa índole.
Durante la inspección de sus pertenencias, los agentes localizaron las dos armas. Al no poder acreditar su lícita procedencia ni aportar las correspondientes tarjetas de armas expedidas por el ayuntamiento correspondiente, se procedió a su inmediata incautación y a la notificación de la propuesta de sanción.
Las actuaciones han sido remitidas a la Delegación del Gobierno en La Rioja, autoridad competente en materia sancionadora para la resolución del expediente, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
La tenencia no autorizada de este tipo de armas en la vía pública puede conllevar sanciones económicas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.
