Se trata de una exigencia histórica de sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que han acudido en unidad de acción al Parlamento europeo para reclamar que otras organizaciones policiales españolas ya tienen esa consideración a pesar de la negativa del Gobierno español.
La Unión Europea se prepara para debatir una propuesta histórica que podría cambiar el reconocimiento laboral y de protección de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Se trata de una directiva impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE) que busca declarar estas profesiones como de riesgo en todo el ámbito comunitario, reconociendo el peligro inherente a su labor diaria, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada. Esta iniciativa llega después de años de reivindicaciones sindicales y se ve reforzada por los trágicos acontecimientos de Barbate en febrero de 2024, cuando dos guardias civiles fueron asesinados al ser embestidos por una narcolancha.
El origen de esta propuesta se remonta a la misión del Parlamento Europeo en Barbate y Algeciras, realizada en mayo de 2025 por la Comisión de Peticiones. Aquella visita surgió de una petición de amparo presentada por sindicatos y asociaciones profesionales policiales y evaluó el auge de la violencia narco en el Estrecho de Gibraltar, así como las condiciones laborales y de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En noviembre de 2025, la comisión aprobó un informe que recomendaba avanzar en el reconocimiento de la profesión de riesgo y estudiar la tipificación de las agresiones a agentes como «eurodelitos». Este documento ha servido de base para la directiva actual.
La propuesta de esta directiva, desarrollada por eurodiputados del grupo del PPE, fue presentada la pasada semana a todos los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. El texto, que se tramitará en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara, plantea un marco común de protección que incluye:
- Reconocimiento explícito de la profesión de riesgo para policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas y fronteras.
- Un complemento económico mínimo por riesgo (entre el 15% y el 25% de las retribuciones básicas).
- Armonización de la edad de jubilación con rebaja adaptada al riesgo, sin menoscabo de la pensión.
- Medidas de conciliación familiar, reducción de jornada o días adicionales de descanso.
- Acceso inmediato a asistencia médica, psicológica (incluida prevención del suicidio) e indemnizaciones por lesiones, enfermedades o fallecimiento.
- Protección jurídica reforzada, con asistencia legal gratuita en caso de agresiones.
- Formación obligatoria en seguridad y provisión de equipos de protección avanzados.
- Publicación trimestral de estadísticas sobre agresiones y accidentes.
Además, la directiva insta a evaluar la inclusión de las agresiones a agentes —incluida la violencia ejercida por organizaciones de narcotraficantes— en la lista de «eurodelitos», lo que permitiría una respuesta penal más homogénea y contundente en toda la UE.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo unánime de las principales organizaciones profesionales. En una reunión celebrada en Bruselas a mediados de enero de 2026, sindicatos y asociaciones profesionales manifestaron su apoyo explícito y reclamaron acelerar los plazos, calificando el avance como «significativo para los derechos laborales de los profesionales de la seguridad en la Unión Europea».
Sin embargo, el Gobierno español mantiene su oposición a reconocer formalmente la «profesión de riesgo» en el ordenamiento nacional, argumentando que no existe como figura jurídica específica. Esta posición ha sido criticada por sindicatos y asociaciones profesionales que recuerdan que Mossos d'Esquadra, Ertzainas y policías locales ya tienen esa consideración en España y que recuerdan además, que iniciativas similares que se aprobaron en el Senado fueron bloqueadas posteriormente en el Congreso.
El debate en la Eurocámara representa una oportunidad histórica para blindar la protección de quienes arriesgan su vida en primera línea.
Desde Tribuna Benemérita siempre hemos apoyado esta petición y denunciado las agresiones de los profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil y seguiremos informando sobre los avances de esta directiva, que podría suponer un punto de inflexión en el reconocimiento del sacrificio diario de los guardias civiles y policías nacionales.
Esta directiva europea no debería quedar en el olvido y debe traducirse en derechos y garantías reales para quienes defienden la seguridad de todos los españoles y de los europeos.
