En un momento en que las amenazas al medio ambiente y a la salud pública se multiplican, el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han optado por un camino peligroso: el progresivo desmantelamiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la comunidad autónoma catalana.
Esta decisión, que transfiere competencias claves y exclusivas de la Guardia Civil a Mossos d'Esquadra y Agentes Rurales catalanes, no solo debilita la protección medioambiental que hasta ahora proporcionaba el SEPRONA, una unidad policial de referencia mundial en la defensa del entorno natural, sino que ha dejado expuesta a Cataluña ante emergencias zoosanitarias, como el reciente brote de peste porcina africana (PPA).
Esta medida que asociaciones profesionales denunciaron como un error estratégico que prioriza agendas políticas sobre la seguridad ambiental y sanitaria, podría haber evitado hoy o al menos mitigado en parte, la actual crisis zoosanitaria si se hubiera mantenido la experiencia del SEPRONA.
El proceso de retirada del SEPRONA en Cataluña comenzó de forma paulatina a principios de 2025, con la transferencia de funciones relacionadas con la vigilancia medioambiental, la protección de la fauna y la flora, y la prevención de delitos ecológicos. En febrero de este mismo año, el Gobierno anunció el traspaso progresivo a los Mossos, generando un rechazo inmediato entre asociaciones de guardias civiles que alertaron de un "desmantelamiento" que comprometía la efectividad en la lucha contra la contaminación y la degradación ambiental.
Esta cesión, enmarcada en pactos políticos, ignora que el SEPRONA no es solo una unidad española referente en la protección del entorno natural, es un modelo único internacional, premiado por la ONU y reconocido por su compromiso incansable en la preservación de recursos naturales, en la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan al ganado, con una vigilancia constante de las especies y espacios cinegéticos y un control permanente de granjas y centros ganaderos para evitar enfermedades zoosanitarias y con un aumento significativo en sus actuaciones contra delitos ambientales en los últimos años.
El brote de PPA en Cataluña ilustra perfectamente las consecuencias de la miopía política. Detectado a finales de noviembre de en la sierra de Collserola, cerca de Barcelona, este virus hemorrágico —altamente letal para cerdos y jabalíes, aunque no zoonótico— ha reaparecido en España tras tres décadas de ausencia.
Hasta ahora, se han confirmado al menos seis jabalíes muertos en la zona. La enfermedad, que puede arrasar granjas enteras en días, amenaza con un impacto económico devastador y no solo en Cataluña, una potencia porcina, que podría perder hasta 1.000 millones de euros si el virus salta a explotaciones ganaderas, también en el resto de España donde el problema ya empieza a ser devastador con cancelaciones de exportaciones de carne porcina en varios países.
El problema va más allá, desde la Generalitat se ha optado por solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada desde el 30 de noviembre con 117 efectivos, drones y equipos de descontaminación para rastrear y capturar jabalíes, en lugar de recurrir a especialistas en medio ambiente como los del SEPRONA.
La pregunta es ¿Por qué no se ha pedido ayuda a la Guardia Civil, que tiene agentes expertos en la materia? ¿Por qué no se ha mantenido a los especialistas del SEPRONA, cuya experiencia en vigilancia cinegética y control de epizootias podría haber detectado el brote temprano, encapsulado la zona afectada y aplicado medidas preventivas con mayor precisión?
Es aquí donde radica la denuncia principal: este brote es un hecho que el SEPRONA, con su red de vigilancia ambiental y su historial en la detección de riesgos ecológicos, posiblemente habría investigado a tiempo.
Sus agentes, entrenados para monitorizar fauna silvestre y prevenir la propagación de enfermedades como la PPA, podrían haber advertido de anomalías en poblaciones de jabalíes, encapsulado áreas infectadas y coordinado respuestas integrales con otras instituciones. En cambio, la fragmentación competencial ha forzado a recurrir a la UME —una unidad militar de emergencias, no especializada en medio ambiente— para tareas de vigilancia epidémica, mientras se ignora a un cuerpo policial que aún opera en España con eficacia probada.
Esta omisión no solo expone a la población y al sector agropecuario a mayores riesgos, sino que contradice las demandas de la Cataluña rural. Alcaldes de comarcas como La Cerdanya, gobernados por Junts y ERC —17 municipios en total—, reclamaron explícitamente la permanencia del SEPRONA en su zona, argumentando que su desaparición incrementaría la contaminación y debilitaría la protección de espacios naturales. Estos líderes locales, ajenos a dogmas ideológicos, priorizaron las necesidades reales de sus vecinos: una policía ambiental efectiva y cercana.
En resumen, el desmantelamiento del SEPRONA no es solo una cesión administrativa: es un atentado contra la resiliencia ambiental de Cataluña. Ante crisis como la PPA, que exigen respuestas rápidas y expertas, optar por excluir a una unidad de élite como el SEPRONA revela una priorización de intereses políticos y partidistas por encima del bien común.
Es necesario realizar una revisión inmediata de estas transferencias, la reintegración de competencias al SEPRONA donde sea necesario, y una colaboración real entre instituciones.
El medio ambiente no entiende de fronteras políticas, ignorarlo solo nos condena a más desastres prevenibles.
Antonio Mancera Cárdenas
Director
