El agente, destinado en el control de vehículos del puerto de Ceuta, fue condenado por un delito contra la salud pública cometido en el ejercicio de su cargo y otro de integración en grupo criminal. El tribunal estima únicamente su recurso respecto al embargo de una motocicleta BMW.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta a un guardia civil detenido en 2023 por sus propios compañeros en el marco de una investigación contra una organización dedicada al traslado de hachís desde Ceuta hasta la Península.
La resolución ratifica la pena de cuatro años, siete meses y quince días de prisión, dictada por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, así como la inhabilitación durante quince años y la multa correspondiente. El único aspecto del recurso que ha prosperado es el relativo al embargo de una motocicleta BMW, cuyo levantamiento ha sido acordado por el tribunal.
Aprovechaba su puesto para facilitar el paso de la droga
Los hechos se remontan a una investigación iniciada tras la declaración de un detenido por tráfico de drogas en marzo de 2023. A partir de aquella información, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil desarrolló diversas actuaciones que incluyeron seguimientos, intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles y otras diligencias autorizadas judicialmente.
La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura criminal dedicada a introducir hachís en la Península a través de vehículos que embarcaban desde Ceuta con destino a Algeciras.
El agente condenado estaba destinado en los controles de vehículos de la aduana del puerto, donde desempeñaba funciones de inspección con los medios disponibles y con el apoyo de componentes del Servicio Cinológico. Según los hechos declarados probados, se valía de su posición y de su conocimiento de los turnos y de las circunstancias del servicio para facilitar el paso de vehículos que ocultaban sustancias estupefacientes, a cambio de una compensación económica.
La sentencia considera acreditado que su intervención constituía una pieza relevante para el funcionamiento de la organización, cuyo éxito dependía de que los vehículos con droga pudieran superar los controles.
Dos delitos y una importante sanción económica
La condena comprende dos delitos: uno contra la salud pública cometido por un agente de la autoridad en el ejercicio de su cargo y otro de constitución o integración en grupo criminal.
Por el primero se impusieron cuatro años de prisión y una multa de 1.994.100 euros, con 199 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Por el segundo, la pena fue de siete meses y quince días de prisión. La resolución también contempla quince años de inhabilitación y deniega la suspensión de la pena de prisión.
El tribunal descarta la vulneración de derechos fundamentales
La defensa recurrió la condena alegando, entre otros motivos, una vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva. También cuestionó el valor de las declaraciones incriminatorias de otros acusados que habían alcanzado acuerdos de conformidad con la Fiscalía.
El TSJA rechaza esos argumentos. La resolución explica que la condena no se sustentó exclusivamente en las declaraciones de los coacusados, sino en un conjunto de pruebas que incluía conversaciones telefónicas, análisis de teléfonos móviles, testimonios, informes periciales y documentación sobre los desplazamientos de los implicados.
El tribunal considera que la Audiencia valoró las pruebas de forma racional y que la defensa dispuso de oportunidades suficientes para cuestionar los elementos de cargo. La negativa de algunos coacusados a responder a determinadas preguntas no implica, por sí sola, una vulneración del principio de contradicción.
La resolución subraya además que la implicación del agente ya había sido señalada durante la fase de instrucción, antes de la celebración del juicio oral, y que los distintos elementos probatorios permitieron corroborar esa participación.
La condena queda confirmada
Con esta decisión, el TSJA mantiene la responsabilidad penal del agente y confirma que su actuación contribuyó de manera relevante al funcionamiento de la red criminal. El tribunal únicamente modifica la resolución en lo relativo al embargo de la motocicleta BMW, que queda sin efecto.
El caso pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de investigación y control interno para perseguir las conductas delictivas que puedan producirse dentro de las propias instituciones encargadas de garantizar la seguridad y combatir el narcotráfico.
La actuación de los compañeros que investigaron y detuvieron al agente, junto con el trabajo de la Policía Judicial y la posterior valoración de las pruebas por los tribunales, permitió esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
EUROPA PRESS
