Los servicios forzosos no tienen encaje legal en una ley que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía
El Consejo de Estado no considera inconstitucional la nueva ley de Seguridad Nacional pero sí advierte de que su contenido pone en riesgo el respeto al principio de indemnidad recogido en la Constitución.
Según el Consejo de Estado la nueva ley permite al Gobierno imponer prestaciones personales forzosas a los ciudadanos sin compensación alguna. Su dictamen, al que ha tenido acceso ABC, advierte de que el proyecto remitido por el Gobierno al Congreso se aparta del marco legal y pide que se modifique para reconocer el principio de indemnidad en todas las prestaciones obligatorias del sector privado.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quiere que el jefe del Gobierno tenga ese poder en las llamadas situaciones de interés para la seguridad nacional –crisis–. Y ello pese a que el Consejo de Estado avisa de su «efecto jurídico relevante» sobre los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. En este sentido, el órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega concluye que eliminar el derecho a indemnización por prestaciones personales forzosas «siempre y en todo caso», como proyecta Moncloa, no es jurídicamente pertinente ni está «justificado».
El dictamen del Consejo de Estado advierte de que el proyecto remitido por el Gobierno al Congreso se aparta del marco legal y en este sentido, solicita la modificación para poder reconocer el principio de indemnidad en todas las prestaciones obligatorias que deban darse desde el sector privado, según ha publicado ABC.
Precisamente la redacción legal establece que en supuestos de crisis nacionales, el Estado no se haría cargo de ningún tipo de indemnización a los ciudadanos que vean restringidos sus derechos y libertades, o que tengan que sufrir que sus bienes (de cualquier tipo) puedan ser requisados.
Por ejemplo esta nueva ley establece que los sanitarios, por ejemplo ante una pandemia sanitaria, tengan que prestar servicio sin derecho a compensación alguna por ello.
Las «trampas de Moncloa» para reducir las críticas durante la tramitación de la ley de Seguridad Nacional
Se ha dado a conocer hoy también que durante la tramitación de esta ley se pusieron en marcha una serie de «trucos» para conseguir que la opinión pública no contestase.
El Gobierno mantuvo varado el proyecto durante seis meses, desde el 22 de junio, para pasar después a declararlo urgente en plenas vacaciones de Navidad, el 28 de diciembre.
Después el Gobierno consideró que no procedía someterlo a consulta pública previa y que el trámite de audiencia e información pública quedaba reducido a siete días hábiles en plenas fiestas navideñas, entre el 29 de diciembre y el 8 de enero.
