En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, sostiene que el Gobierno central colaborará con la Justicia en el caso de que investigue estos hechos y está dispuesto a dar explicaciones en el Parlamento.
«Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley», afirmó Rodríguez ante la pregunta de si el Gobierno puede garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha utilizado Pegasus.
La portavoz subrayó que España es «un país democrático y de derecho» y, por ello, «aquí no se espía, no se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley», es decir, a través de una «decisión judicial motivada», por lo que no aceptan que se ponga en cuestión la calidad democrática.
El Gobierno español argumenta que la información publicada por el semanario estadounidense The New Yorker sobre que líderes y políticos independentistas catalanes, en su mayoría, y vascos fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus en 2020 «no es nueva» y ha habido «procedimientos judiciales abiertos».
The New Yorker publicó este pasado lunes una investigación periodística con datos del organismo canadiense The Citizen Lab que revela el supueso espionaje por parte de Pegasus, un programa que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas de seguridad para combatir crimen y terrorismo.
El supuesto espionaje coincidió con los años más convulsos en Cataluña, cuando el Gobierno autonómico catalán convocó en 2017 un referéndum de secesión declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
Varios políticos que aparecen en la publicación, como el expresidente del Gobierno catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras ser procesado por la declaración unilateral de independencia de entonces, han anunciado que llevarán ante la Justicia al Estado español y a la empresa israelí NSO, que desarrolló el programa.
Puigdemont aseguró en Bruselas que también pedirán que se investigue al CNI y a «todas las entidades españolas» supuestamente vinculadas.
Esta herramienta de ciberespionaje infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados, en muchas ocasiones sin que la víctima tenga conocimiento de ello.
