El magistrado José Luis Calama solicita al Consejo de Ministros desclasificar documentos reservados
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cita para declarar como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la causa en la que investiga la infección con la herramienta informática Pegasus de sus teléfonos móviles así como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del titular de Agricultura, Luis Planas.
Por ello, el magistrado ha dirigido un suplicatorio al Consejo de Ministros. Dado que sus testimonios podrían afectar a información secreta o reservada, quiere que se desclasifiquen los asuntos, actos y documentos relacionados con el presunto espionaje.
Este movimiento surge después de que el juez haya tomado declaración a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y un funcionario de este organismo, que fue el encargado de firmar los informes preliminares que la Abogacía del Estado incorporó junto a su denuncia en la Audiencia Nacional. También, una vez que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños remitiera al juez su declaración por escrito en calidad de testigo. En ella contestaba a un cuestionario que el instructor le envió, tras su negativa a comparecer de manera presencial en el juzgado. Calama acuerda estas diligencias "a la vista del contenido" de dichas declaraciones testificales.
El magistrado requiere también al Centro Criptológico Nacional los informes definitivos del análisis de los móviles de Sánchez y sus ministros
Esta petición, que el juez traslada ahora al Gobierno, se enmarca dentro de la investigación que inició el pasado mes de mayo la Audiencia Nacional por presuntos delitos de revelación de secretos y descubrimiento, a raíz de la denuncia presentada por la Abogacía del Estado.
Según el estudio inicial del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, y que los servicios jurídicos pusieron en manos del juez, el presidente del Gobierno padeció la sustracción de 2,6 gigabytes y 130 megas de datos en dos incursiones detectadas en su teléfono, el 19 y el 31 de mayo del año pasado; mientras a la titular de Defensa le habían sustraído 9 megas aquel junio.
En el caso de Grande-Marlaska, la infección se produjo entre el 7 y el 26 de junio de 2021 y le sustrajeron 400 megabytes y 6,3 gigabytes de información, respectivamente, la más abundante de las detectadas. El espionaje habría coincidido con la crisis migratoria con Marruecos y una reunión con el responsable de Seguridad de EEUU. Planas, por su parte, sufrió un intento de espionaje fallido en junio del año pasado.
En este tiempo, además, Calama ha acordado requerir al CCN los informes definitivos sobre el análisis a los teléfonos móviles atacados y ha solicitado al CNI que conserve el contenido de los terminales. También ha pedido a Israel que le permita interrogar al CEO de NSO Group, empresa fabricante del software Pegasus.
