EDITORIAL

La práctica periodística debería buscar la verdad y el rigor a través de la verificación de hechos, la objetividad y la ética. Por su parte la desinformación, es la propagación deliberada de información falsa, tergiversada o manipulada, que distorsiona la realidad para influir en la opinión pública.

Un veterano juez instructor del Tribunal Supremo dijo en 2023, “off the record”, pero recogido entonces por varios medios: «Cuando quiero que una causa de corrupción llegue a sentencia firme, la pongo en manos de la Guardia Civil».

El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo emitió una sentencia histórica e inapelable: condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos con agravante de abuso de funciones públicas.

Las pruebas irrefutables que lo sentaron en el banquillo procedieron íntegramente de los informes meticulosos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Desde ese preciso momento, se ha desatado una campaña orquestada y descarada para desacreditar a esta Unidad de élite, que una vez más ha iluminado rincones oscuros que ciertos poderes preferirían mantener en tinieblas. El principal ariete de esta ofensiva han sido, paradójicamente, medios que se jactan de ser “progresistas”.

Desde el día siguiente a la condena, redactores de estos medios, han vomitado artículos con un único fin: pintar a la UCO como una entidad politizada, negligente y manipuladora.

Y lo hacen de forma torticera, incluso tergiversando y mutilando información contrastada, publicada el 23 de noviembre por El Mundo, basada en fuentes oficiales. Esto no es periodismo; es propaganda barata disfrazada de información, un asalto frontal a la verdad que erosiona la democracia. El periodismo se debe a la verdad y se debe alejar de opiniones sesgadas, así que vayamos a los hechos incontestables manipulados por medios subvencionados:.

• La sentencia del Supremo valida al 100% el trabajo impecable de la UCO

Cinco de los siete magistrados dictaminaron que García Ortiz ejerció un “dominio absoluto” sobre la filtración, actuando con “clara intencionalidad”.

Esta conclusión se erige exclusivamente sobre los informes, volcados telefónicos y periciales telemáticos elaborados por la UCO.

El Alto Tribunal no halló ni un solo “error, irregularidad u omisión” en su labor. Punto final. Cualquier intento de cuestionarlo es pura desinformación.

• La supuesta “manipulación” de audios fue un bulo burdo, desmontado en sala y expuesto como fraude

El Plural.es repite como un mantra que la UCO presentó “informes recortados”, pero lo que oculta deliberadamente es, entre otras cosas, que, durante el registro del móvil de García Ortiz, estuvo presente una fiscal como garantía excepcional; que se entregó al juez una copia íntegra e indubitada de todo el dispositivo; que el expurgo posterior lo ejecutó la propia sala del Supremo, no la UCO; que el famoso audio sobre la operación oftalmológica, que la propia Abogacía del Estado usó como supuesta prueba de manipulación, aparece explícitamente explicado en el informe de la UCO como dato de intimidad eliminado.

Esta intoxicación durante el juicio fue tan grosera que ni siquiera caló en el voto particular de los dos magistrados discrepantes. Repetirla ahora es no solo desinformación, sino complicidad en un engaño.

• Las “más de 400 personas” que supuestamente no se investigaron son un invento para sembrar dudas

La UCO examinó secuencialmente todos los accesos lógicos al correo en cuestión. Uno por uno, el instructor del Supremo los descartó por ausencia de indicios, hasta dejar a García Ortiz como único autor material viable.

Quien decidía las exclusiones era el juez, no la Guardia Civil. Invocar esa cifra fantasmal de “400 personas” a estas alturas no es error: es desinformación pura y dura, un truco sucio para deslegitimar una investigación impecable.

• El retraso en la investigación a González Amador es culpa exclusiva del juzgado, no de la UCO

Medios como El Plural.es llevan semanas contando con morbo y faltando a la verdad, por desinformación o no, que la UCO lleva “148 días sin informe”, como si esto fuera un escándalo.

Lo que jamás menciona, ese medio en concreto es que la UCO lleva solicitando las actuaciones previas desde el 27 de junio, y que el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid no autorizó el trámite hasta el 8 de noviembre. El auto judicial es público y verificable por cualquiera, moenos por quienes quieren faltar a la verdad por razones espurias.

La Unidad no puede indagar en lo que un juez no le permite. Acusarla de negligencia es manipulación periodística en su forma más indigna, vil, despreciable, infame y sobre todo torpe.

• La UCO golpea a diestro y siniestro

El mismo día que la UCO entregó su informe devastador contra Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE), sus agentes detenian al presidente de la Diputación de Almería (PP) por fraude en la compra de mascarillas.

Esa coincidencia no fue una “casualidad sospechosa”, como insinúan desde El Plural.es, al contrario, es la prueba irrefutable de que la UCO no distingue colores políticos. "Investiga hechos, no siglas". Y es precisamente esa imparcialidad y neutralidad política la que molesta a quienes prefieren una justicia a la carta.

Lo que se perpetra desde ciertos medios de comunicación, desde la condena del Fiscal General, no es periodismo, sino una campaña sistemática de desprestigio contra una Unidad que representa el antídoto más efectivo contra la corrupción, venga de donde venga.

Esto es manipulación flagrante, un atentado contra la libertad de prensa y de información que alimenta la polarización y socava el Estado de Derecho.

La UCO no precisa ningún tipo de defensa, ya que sus informes, avalados como prueba plena por el Tribunal Supremo, hablan por sí solos. Pero sí debemos demandar respeto para los hombres y mujeres que, pese a presiones mediáticas y políticas, en ocasiones asfixiantes, cumplen su juramento solemne de “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Quien ataca a la UCO tras esta sentencia no defiende la legalidad, defiende a un condenado, y eso, en un Estado de Derecho, un medio de comunicación no debería hacerlo jamás.

Es hora de que estos medios de comunicación y quienes desde sus redacciones y sus propios estrados siguen los mismos mantras, respondan por su cometido en esta farsa desinformativa y en el intento de desprestigiar y cuestionar la labor de la UCO de la Guardia Civil y de los hombres y mujeres que la integran.

Dicho de otra forma y sin anestesia, en quince años (2010-2025) la Guardia Civil ha sido el cuerpo policial que ha llevado ante la Justicia a más políticos corruptos de todos los partidos con representación parlamentaria. Manteniendo un récord absoluto, con más de 1.200 operaciones contra el crimen organizado, más de 15.000 detenidos, más de 4.000 millones de euros intervenidos, con implicados de todos los partidos, con ningún caso archivado por manipulación de pruebas en toda la historia de la unidad. Estos datos tal y como dijo el teniente coronel Antonio Balas en 2023 avalan que la UCO “no investiga personas. Investiga hechos. Y los hechos no entienden de siglas”.

Y por eso, cuando antes y ahora, alguien ataca a la UCO diciendo que “persigueal Gobierno”, o "a un partido determinado"l, o único que está diciendo en realidad es que lo que molesta es que la Guardia Civil no se deja presionar ni manipular.

La UCO investiga y lo hace de forma totalmente neutral, no dicta sentencia, expone hechos, y quien intenta desprestigiarla se estrella, una y otra vez contra la verdad, la justicia y la integridad de la Guardia Civil.

Los hechos no mienten. La Guardia Civil, menos aún.

Antonio Mancera Cárdenas
Director Tribuna Benemérita