El 6 de septiembre de 2011 se crea la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) y la Unidad Adscrita a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, según establece la Orden General número 8 sobre la Organización de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
Actualmente, según la Orden General número 29/2021, de 9 de septiembre, por la que se regula la especialidad de protección de la naturaleza y la estructura, organización y funciones de las unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza, la UCOMA tiene como misión centralizar la información sobre delincuencia medioambiental y realizar el análisis criminal para la dirección, planificación, coordinación y operatividad de las unidades de la especialidad. Asimismo, investigará y perseguirá este tipo de delincuencia de carácter grave, tanto a nivel nacional como internacional, actuando como policía judicial específica en materia relacionada con la protección de la naturaleza y la conservación del medio ambiente.
Igualmente, da apoyo operativo y técnico al resto de unidades periféricas en la investigación de los delitos propios de la especialidad y contribuye al esclarecimiento de los delitos medioambientales mediante la confección de informes periciales del daño/ impacto medioambiental.
En el seno de la misma se integra la Unidad Adscrita a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que actúa teniendo en cuenta las instrucciones del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, delegado de la Fiscalía General del Estado, contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales.
La UCOMA se organiza en Grupos de Investigación en Medioambiente (GIMAs), especializados en la investigación de un ámbito concreto de delitos medioambientales, y cuenta con un Grupo de Apoyo Técnico en Medioambiente (GATMA) y una Unidad Técnica que desarrolla informes de impacto medioambiental, aspecto muy demandado por las unidades, jueces y fiscales para poder determinar el tipo penal y el daño medioambiental causado.
